El documento de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), titulado En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, que los obispos presentaron a Daniel Ortega el miércoles 21 de mayo corriente en la Nunciatura Apostólica, es un diagnóstico franco y crítico de la problemática nacional a la vez que una propuesta clara de soluciones correctas y viables.
No le corresponde a la Conferencia Episcopal, sino al Gobierno, llevar esas propuestas a la realidad. Como dejan claro los obispos en el mismo inicio de su exposición: “No nos presentamos antes ustedes (es decir, ante la delegación gubernamental) movidos por ideología alguna, ni como políticos de profesión, ni como voceros de ningún grupo partidista, sino como “servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios”. Luego, en el capítulo VI del trascendental documento de la CEN que se refiere a “La Institucionalidad”, los obispos reiteran que: “Como Conferencia Episcopal nunca hemos adoptado una posición política de oposición, ni estamos comprometidos con ninguna ideología, grupo o partido político”.
Sin embargo, al reiterar su apreciación de que “la actividad política en el país está hoy dominada por un estilo de ejercer la autoridad de un modo autocrático y abusivo”; y después de señalar que ellos (los obispos) no pierden “la esperanza en que podremos siempre enrumbar el país hacia un verdadero estado democrático”, la Conferencia Episcopal ha cumplido su deber pastoral de poner y dejar en manos de Ortega dos propuestas fundamentales: Primera, la celebración de un gran diálogo nacional “en el que participen todos los sectores del país”, en pro de “un auténtico consenso democrático y un nuevo pacto social que asegure estabilidad política, jurídica, social y económica al país y que afronte los grandes problemas de la nación”. Y segunda, “dar inicio a una profunda reforma política de todo el sistema electoral del país”. Para lo cual los obispos le han pedido a Ortega “que ofrezca su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del Consejo Supremo Electoral (CSE), en el que brille, sin ningún tipo de duda, la voluntad popular; con un sistema de cedulación independiente del mismo CSE que le garantice a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones y con un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras”.
Ortega guardó silencio ante estas demandas que constituyen lo medular del documento de los obispos, porque ya les había adelantado su respuesta, el domingo 18 de mayo en Niquinohomo, cuando dijo que para él el diálogo tiene que ser solo del Gobierno con la cúpula empresarial y la burocracia sindical oficialista; y que los nombrados (en el CSE) nombrados están. O sea que allí no hay nada que cambiar.
Sin embargo, el documento de los obispos no debe quedar en el vacío. Está claro que el dictador Ortega no cederá sino hasta que caiga en una aguda crisis y sienta la presión de una poderosa movilización popular. Pero las fuerzas políticas y sociales democráticas deberían apropiarse del planteamiento de los obispos y convertirlo en una bandera de lucha, de concienciación, de movilización cívica para restablecer la democracia en Nicaragua.
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