El costo de destruir una obra para construir otra en su lugar es doble, porque en primer lugar hay un costo económico de demolición y cuanto más fuerte sea la obra y dura de caer, mayor el costo, y en segundo lugar hay un costo al patrimonio cultural de la nación inconmensurable.
Lo que ha hecho este Gobierno, con el pretexto de los sismos, es sencillamente un delito al patrimonio nacional. Destruir para construir, equivale a destruir para borrar el pasado, la memoria histórica de nuestro pueblo y por tanto es doblemente delictivo.
Al botar arbitrariamente un bien del Estado se viola flagrantemente la “Ley de disposición de bienes del Estado”, que prohíbe expresamente este acto barbárico y estipula cómo se deben dar de baja los bienes del Estado, estipulando incluso, que en caso de que el bien sea mayor de 200,000 córdobas, no se puede enajenar, ni donar, (y mucho menos botar), sin que ello sea aprobado por la Asamblea Nacional.
Si no se puede botar por capricho un carro o un escritorio del Estado, aunque esté de botarse, hasta que haya sido debidamente dado de baja en un largo proceso administrativo que estipula dicha ley, mucho menos un monumento nacional como el Faro de La Paz, que tiene además un alto valor, tanto económico, como cultural e histórico y es o era el único monumento nacional dedicado a la paz.
Tal es el valor histórico de este sitio, donde quedaron enterradas miles de armas de la guerra civil en los años ochenta, que al derribarlo se viola otra ley, la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, la cual mandata taxativamente las acciones que debe tomar el Estado para preservar y dar mantenimiento al patrimonio cultural de la nación.
Es un hecho conocido por los concejales que la partida asignada en el presupuesto anual de la Alcaldía de Managua, “para la reparación y mantenimiento de obras urbanísticas”, es de 0 córdobas.
Es una ironía que no hay fondos para mantener los monumentos, pero sí aparecen de la nada abundantes recursos para demolerlos y hacer otros. Según cálculos de un prominente ingeniero civil que consulté, botar la Concha Acústica tuvo un costo de al menos 25,000 dólares. ¿Cuántas familias cuyas casas se dañaron seriamente con los sismos hubieran sido favorecidas con materiales de construcción equivalentes a ese monto?
¿Cual es el apuro en derribar monumentos? ¿borrar la herencia cultural que nos legaron otros gobiernos? Ciertamente no era cierto que ponían en peligro la vida de las personas por causa de los sismos, a como ha quedado comprobado con la ardua y costosa tarea de demolición. Con una fracción de lo que costó la demolición les hubieran dado en tiempo y forma un mantenimiento adecuado para preservarlos.
Si en Italia, un país igualmente sísmico, los diferentes gobiernos usaran el mismo argumento, ya hubieran demolido la Torre de Pisa que está por cierto bien inclinada, o el mismo Coliseo Romano, que bien podría sucumbir ante un evento sísmico. Entonces habría tanto que demoler, no solo en Italia, en México y Francia donde hay construcciones centenarias muy frágiles, que le pueden caer encima a los turistas en caso de un terremoto.
Si llevamos este argumento al extremo, Italia se quedaría sin herencia histórica hay mucho que demoler allí, ya no digamos otras ciudades europeas como Atenas, con las ruinas del Partenón, que correrían la misma suerte.
Este Gobierno comenzó destruyendo una bella fuente luminosa para convertirla en una plaza, en su afán de no dejar rastro cultural alguno de las obras urbanísticas que nos legaron otros gobiernos. Tal es el celo de “marcar territorio”, que se fue inclusive la Concha Acústica, la cual fue erigida por el gobierno sandinista de Herty Lewites, pero como se él se volvió un disidente porque aspiró al poder, entonces hay que borrar el rastro que dejó. Antes, de paso ya se habían “volado” el monumento de la rotonda de Plaza Inter para rebautizarla como Hugo Chávez.
El autor es diputado de la Bancada de la Alianza PLI.
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