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En ese momento la titular de Gobernación evitó contestar qué pasó entonces con los siete vehículos que en ese momento le fueron robados a los jóvenes mientras acompañaban a los adultos mayores.
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Elízabeth Romero
A 11 meses de la agresión y robo a jóvenes que integraron OcupaINSS, la Fiscalía ni se pronuncia ni desestima la denuncia. Esto impide que las víctimas puedan acusar por su cuenta y por tanto el robo masivo podría quedar en la impunidad.
El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Uriel Pineda, quien ha brindado acompañamiento a las víctimas, señaló que el tema de fondo es que no concluye el proceso investigativo policial ni de la Fiscalía.
Pineda recordó que en su momento solicitaron a la Fiscalía una investigación autónoma, en vista de que no había confianza en la Policía, pues los denunciantes señalaban a mandos y funcionarios de esa institución de participar en la agresión.
Sin embargo, la Fiscalía remitió las diligencias investigativas a la Policía, que no las concluye y al contrario, ha determinado que se “perdieron” los vídeos de la gasolinera, donde se grabó una parte de la agresión oficialista. Es más, el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros notificó oficialmente a una de las víctimas del robo de vehículos que no le pagará porque no hay un conclusivo de la Policía.
“La omisión policial (…) no solo es falta de investigación sino negligencia absoluta para reparar los daños”, señaló Pineda, quien considera que esto agrava la violación a los derechos humanos de los jóvenes agredidos y robados el 22 de junio del año pasado cuando respaldaban una protesta de los adultos mayores frente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Jorge Hurtado, uno de los siete afectados con el robo de su auto, expresó que solo una de las víctimas logró que la aseguradora pagara por el carro robado. Al resto, como a él, la aseguradora, que es privada, les negó esta posibilidad por la falta de un documento policial.
“El mensaje que nos dan las instituciones y el Gobierno es que el caso lo quieren dejar en el olvido, nosotros no nos olvidamos, al menos yo no lo olvido cada mes que me toca pagar la cuota de un carro que no tengo”, apuntó Hurtado.
Estimó que las autoridades intentan hacer creer que ese hecho no ocurrió, pese a que fue la protesta social más grande de los últimos años ocurrida en el país.
Pineda es del criterio que las nuevas autoridades de la Fiscalía tienen el reto de profundizar en este hecho, pues tanto la fiscal como el fiscal adjunto son exmandos policiales, que los hace ver como una extensión de la Policía Nacional.
Ante señalamientos “de una actuación parcializada y partidarizada de la Policía Nacional”, la Fiscalía “debe rescatar la autonomía y profundizar en estos hechos”, dijo Pineda.
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