Un eventual mapa político de Nicaragua

Tres hechos parecieran definir esta situación: la aprobación del tratado marco y de la ley sobre el Canal Interoceánico, las reformas constitucionales aprobadas, y los nombramientos recientemente realizados. Los tres conducen por diferentes medios a un mismo fin: la consolidación de un poder total y permanente.

Si observamos detenidamente el desarrollo de los acontecimientos, podremos percibir sin mucha dificultad que progresivamente se ha ido concentrando el poder en manos del presidente de la República, y que desde el ejecutivo se van controlando todas las funciones y formas de actuación en el Estado, los municipios, el Ejército, la Policía, en unos casos más, en otros menos, pero en todos con la presencia de una creciente influencia personal.

Junto con el poder económico, sobre el que hay todo un tejido de relaciones con el sector privado, es evidente el control establecido en el ejercicio del poder político, el que ha terminado prácticamente con la separación e independencia de poderes, pues hay un control personal, además del ejecutivo, de los poderes legislativo, judicial, electoral, y de instituciones como la Contraloría General de la República, Procuraduría, Fiscalía, Procuraduría de Derechos Humanos, y otras entidades del Estado.

Algo semejante podría señalarse en lo que concierne a los municipios, sobre los que tiene una mayoría inmensa el partido de gobierno, debido, según se ha denunciado, a las cuestionadas elecciones del 2011 que dieron, como consecuencia de las irregularidades en el proceso electoral, una indebida ventaja de enormes proporciones a los candidatos del Frente Sandinista.

Por su parte, las reformas constitucionales acrecentaron significativamente los poderes del presidente de la República, legitimaron muchas de sus actuaciones de facto, como los nombramientos del jefe del Ejército y de la Policía Nacional, en contra de lo que en ese momento establecían la Constitución Política y las disposiciones legales específicas para cada una de estas instituciones. Además de lo anterior podría mencionarse la ampliación de los alcances de los decretos ejecutivos, limitados originariamente al campo administrativo, al extender la facultad de dirigirlos a cualquier ámbito de la vida nacional.

Con los recientes nombramientos se confirmó la voluntad de mantener en sus cargos a quienes el presidente quería, incluyendo el caso del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuestionado severamente por amplios sectores del país y cuya permanencia fue el factor que decidió que el PLI se abstuviera primero, votara en contra después, y al final no participara en las sesiones del plenario en donde se realizaban los nombramientos.

Todo ello envía un claro mensaje en el sentido de que existe la decisión de ejercer el poder sin concesión alguna, ni siquiera para dar apariencias de apertura y legitimidad, como podría haber sido la sustitución del presidente del CSE, por alguien que representara su mismo papel, sin ningún riesgo político para el poder, lo que quizás le habría permitido realizar el resto de los nombramientos en acuerdo con la oposición y en beneficio de una apertura y voluntad aparente, y no por la acción de la mayoría aplastante de la que dispone en la Asamblea.

El proceso de concentración del poder es claro. Por su parte la oposición quedó totalmente al margen de los resultados, pues los nombrados del PLC, si es que se le puede llamar oposición, fueron de acuerdo con el FSLN y además, en algunos casos, los candidatos presentados por el PLI, fueron propuestos por el propio partido de gobierno, una vez que aquel decidió no participar en el proceso de nombramiento y retirarse del plenario de la Asamblea Nacional.

Indudablemente que un cuadro semejante cierra caminos y envía un mensaje inequívoco de no estar dispuestos desde el poder a buscar ningún tipo de concertación que abra, al menos, una esperanza mínima de restablecimiento de la normalidad política.

Pese a lo difícil del momento político, la oposición podría destacar su actitud de no haber admitido ningún tipo de acuerdo condicionado a la aceptación de la reelección del presidente del CSE, y de haber preferido quedar fuera de toda participación en los órganos del Estado, antes de aceptar esa conducta de subordinación. Una reafirmación semejante debería ir acompañada de un plan de desarrollo nacional, de una propuesta de país, que permita, junto con la sociedad civil y la ciudadanía, la estructuración de una unidad integral, de una estrategia global y de una acción política y cívica coherente, la que debería tener como primer paso la reestructuración del sistema electoral, pues una elección limpia y transparente es condición necesaria, aunque no suficiente, para la existencia de una verdadera democracia.

Otro aspecto muy importante que debe tenerse en consideración, es el diálogo o encuentro que en los próximos días sostendrá el presidente Ortega con la Conferencia Episcopal. Más allá de los eventuales resultados, es mi opinión personal que en este encuentro convendría que la Conferencia Episcopal, y con todo respeto para lo que decida, fijara su posición en un documento que recoja la síntesis de los temas sobre los cuales se ha pronunciado en diferentes cartas pastorales y otros documentos.

La situación que vive actualmente Nicaragua refleja no solo una crisis política, sino además una crisis de la política. La crisis política se da cuando, por alguna circunstancia, en una comunidad determinada se rompe el equilibrio de fuerzas, o se afecta para el caso específico el funcionamiento institucional del cual depende la estabilidad, sin que por ello se destruya ni el concepto ni la función de la política. La crisis de la política, en cambio, se da cuando esa tarea, esa condición necesaria de toda sociedad pierde sentido y, en cierta forma, es sustituida por otros mecanismos y procedimientos.

En nuestra realidad, la política está dejando de ser la función imprescindible que siempre ha sido en toda organización social. A pesar de todos los problemas que conlleva, resulta impensable una sociedad que prescinda de ella, ya que es esencialmente social y la sociedad esencialmente política.

El momento que se está viviendo actualmente en Nicaragua es sumamente delicado y sensible, pues, una vez más en nuestra historia la existencia de un poder de proporciones inadecuadas sustituye la interacción entre los diferentes sectores y el marco jurídico e institucional en donde están establecidos los principios fundamentales que regulan el poder.

Se sustituye “la fuerza del derecho” por “el derecho de la fuerza” cuando se prescinde de aquellos elementos esenciales al Estado de Derecho, la democracia y la sociedad política, como son la subordinación del poder a la ley, la supremacía de la Constitución, la jerarquía de la norma jurídica, la independencia y separación de poderes, entre otros, y se instala como único referente el poder concentrado y total. En ese momento la política, entendida como el ejercicio participativo en la construcción y desarrollo de la sociedad, desaparece y con ella desaparece también la sociedad como tal, cuyo vacío es sustituido por la concentración del poder y por la fuerza.

Por todo eso, reiteramos la necesidad de la acción conjunta en la búsqueda de alternativas que permitan restituir la estabilidad y la posibilidad de participación de todos en la reconstrucción de la vida política, económica y social de nuestro país.  

El autor es jurista y filósofo nicaragüense.

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