No solo el caso de las más de 200 niñas nigerianas, en su mayoría cristianas, secuestradas por la banda terrorista Boko Haram, ha conmovido a la opinión pública internacional. Otro caso conmovedor, aunque no es colectivo como el de Nigeria, sino individual, es el de la mujer embarazada que a principios de esta semana fue condenada a muerte por un tribunal de Sudán, también en África, porque no acepta una orden judicial de que debe renegar de su fe cristiana.
Se trata de una joven mujer de 27 años llamada Meriam Yehya Ibrahim, quien ha sido acusada por apostasía o renuncia a la fe islámica, lo cual en Sudán —país islámico fundamentalista dominado por un régimen autoritario y autocrático— la ley castiga con la pena de muerte.
Aparte de que, en sí mismo, condenar a muerte a una persona porque cambia de religión es una atrocidad y una violación extrema de los derechos humanos reconocidos universalmente, en particular el derecho a la vida, la sentencia contra esta mujer cristiana sudanesa es todavía más absurda porque ella nunca ha sido musulmana y por lo tanto no ha renegado de esa religión.
Según informó CNN esta semana, en su sitio web, Merian Ibrahin nació de un padre sudanés musulmán y de una madre etíope de religión ortodoxa cristiana. Cuando Merian tenía apenas 6 años, el padre abandonó el hogar y ella fue criada y educada por su madre en la fe cristiana. Después de alcanzar la mayoría de edad, Merian se casó con un hombre cristiano llamado Daniel Wani, a quien le tiene un hijo de 20 meses y otro en camino con ocho meses de embarazo. “Sin embargo —dice la información—, como su padre era musulmán, los tribunales consideraron que Ibrahim lo era, lo que significaría que su matrimonio con un hombre que no es musulmán es nulo”. De manera que según la inhumana ley y la salvaje costumbre sudanesa, la mujer, además de ser sentenciada a la pena capital, antes de morir será castigada con cien azotes, por el falso delito de adulterio.
Sobre este dramático caso, el organismo humanitario Amnistía Internacional (AI) ha expresado por medio de su investigador en Sudán, Manar Idriss, que “el hecho de que una mujer pueda ser condenada a muerte por su elección religiosa, y a ser azotada por casarse con un hombre supuestamente de otra religión, es abominable, ni siquiera debería ser considerado”.
La libertad religiosa y el derecho a la vida son dos de los valores más preciosos de la humanidad y todos los países del mundo que son parte de las Naciones Unidas, como es el caso de Sudán, tienen la obligación de respetarlos. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 3. Y en el Artículo 18 señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
En nombre de esos principios universales, la comunidad internacional debe obligar a Sudán a respetar la vida de Merian Ibrahin y a ponerla en libertad.
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