Como insistía en mi artículo pasado (“Que no quede fuera del tintero”), la institución más débil del país no es el poder judicial ni el electoral sino la familia. Es débil porque en ella predominan la inestabilidad, las rupturas y el abandono paterno.
Esta realidad, corroborada por las estadísticas e informaciones disponibles —más de dos tercios de los nicaragüenses se crían sin la presencia de su padre biológico— es particularmente relevante, por cuanto la familia es la célula fundacional y madre de la sociedad, por ser la primera en formar y nutrir a los futuros ciudadanos.
Es natural, por tanto, esperar que la familia, junto con el tema de la institucionalidad política, sea también un tema a considerarse en el diálogo que los obispos sostendrán con el Gobierno.
La Iglesia católica ha sido siempre la defensora más fuerte de la institucionalidad familiar. La elevación del matrimonio al rango de sacramento, y la sacralidad con que ve al vínculo conyugal, manifiestan la estima y jerarquía excepcionales conferidas a dicha institución.
Es erróneo, empero, considerar que dicha visión es religiosa y que no compete a los estados laicos meterse en temas que son de estricta incumbencia privada. Si fuese así, no tendría sentido que una institución, arreligiosa como las Naciones Unidas, hubiese declarado el 2014 como “Año Internacional de la Familia”. Según sus portavoces, el propósito es “poner de manifiesto que sin una familia fuerte la sociedad se va debilitando cada vez más. También para concienciar sobre cómo la familia que funciona correctamente es la mejor arma para combatir las desigualdades y la pobreza, así como para mejorar las oportunidades y bienestar de sus miembros”.
Lo anterior, lejos de ser hijo del fanatismo o la influencia religiosa, es resultado de múltiples estudios científicos que demuestran como los que permanecen unidos en matrimonio gozan, junto con sus proles, de mejores ingresos, progreso educativo y salud física y emocional, que los hogares monoparentales o los rotos por el abandono o el divorcio.
La primera recomendación de las Naciones Unidas al respecto es un llamado a los gobiernos a “establecer o reforzar organismos nacionales u órganos gubernamentales, para promover que las familias sean un tema prioritario de estudios, inversiones, asociaciones y políticas”.
La familia puede y debe ser parte de cualquier diálogo encaminado a promover el bien común de todos los nicaragüenses. Creyentes y no creyentes, ricos y pobres, saldrían ganando si en Nicaragua aumentase la proporción de hogares unidos, “luminosos y alegres”, como dijese San Josemaría.
¿Pueden hacer algo al respecto los gobiernos? Sí y mucho. Una, forma, valga insistir, es promoviendo en el currículo escolar, el ideal matrimonial con sus valores concomitantes de fidelidad, entrega y servicio mutuo. No por ser un ideal cristiano, sino por ser la alternativa de vida más acorde con la vocación humana y la más socialmente beneficiosa. Lo que no implica imponer un modelo de vida sino ofrecer una alternativa —que todo mundo es libre de rechazar— ante la anarquía del hedonismo, la cohabitación sin compromisos y la búsqueda del placer sin responsabilidades.
También puede revisarse la legislación sobre el divorcio. Antes el Código Civil lo permitía por mutuo consentimiento. Si faltaba la parte demandante tenía que probar culpas taxativas en el otro. Si no, quedaba obligado a resarcirlo generosamente. El divorcio unilateral, “made in USA” en 1970, e impuesto por el régimen sandinista en 1988, barrió con esos frenos. Es un tema que merece discutirse.
Juan Pablo II hablaba de “la Civilización del Amor”. El Gobierno habla de una “Nicaragua solidaria”. Ninguna puede construirse si no se comienza por la familia.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
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