Difícil en momentos donde la atención la atraen temas como el de Ucrania, Venezuela, el juego de escondidas de nuestro presidente de la República, el nuevo cardenal, tocar un tema tan insulso para nuestra sociedad como es la discriminación de las personas de la tercera edad. Pero dice el refrán, “el que no llora, no mama” y aquí este artículo con la vaga ilusión de que nuestros gobernantes le pongan atención.
El Artículo 27 de nuestra Constitución establece que no habrá discriminación “por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma religión, opinión, origen, posición económica o condición social”. Inexplicablemente se olvidaron de incluir en dicho listado la igualdad en razón de la edad y ojalá no se le ocurra a nuestra Corte Suprema de Justicia interpretar el artículo diciendo que dicha lista es taxativa.
El Arto. 4 de nuestra vilipendiada Constitución establece que el Estado está organizado para asegurar el bien común y promover el desarrollo de cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, bla, bla, bla.
El seguro colectivo de vida que a través de Conapro pagamos por años a Iniser, fue cancelado unilateralmente, pues según esta institución la mayoría de los asegurados ya habíamos pasado los 65 años y no podían correr los riesgos que representa el asegurar un universo con tantas terceras edades. No entiendo estos ideales socialistas y prácticas solidarias que dejan sin seguro a personas de la tercera edad y consecuentemente sin la garantía de bienestar que durante años pensaron tendrían sus herederos.
Quizás estaríamos mejor en uno de esos explotadores gobiernos de ideología neoliberal, que sin proclamar inspiración cristiana, prácticas solidarias o ideales socialistas, legislan que a nadie, sin importar su edad, se le puede negar una póliza de seguro de vida con prima mensual competitiva y razonable.
Durante los últimos quince años financié con un banco nacional cuatro vehículos y habiendo pagado los mismos al día, solicité a dicha entidad financiera un préstamo para comprar un nuevo vehículo, pequeño para los quehaceres de todos los días y cuál sería mi sorpresa al recibir respuesta de que no pueden financiarme, pues las compañías de seguros ya no aseguran a las personas de la tercera edad como la mía, y que sin seguro no podían financiar el vehículo, por lo que si deseaba que me financiaran, retirara de mi cuenta de ahorros y abriera un certificado de depósito respaldando el préstamo del vehículo por el valor y el tiempo del financiamiento.
En mi último viaje a Miami, al querer tomar en Nicaragua un seguro de vida y accidente válido durante mi viaje, respondieron que mi edad no daba lugar a que me vendieran un seguro de ese tipo. Llamé a Miami y de inmediato un explotador neoliberal gringo me otorgó el seguro de vida y accidente.
Dice la Ley del Adulto Mayor: que a toda persona de la tercera edad hay que atenderla con “dignidad y preferencia”, pero también es otra ley papel higiénico. Si vas a cambiar un cheque a un banco, hay doce cajas atendiendo a cuarenta personas de la segunda edad o sea una caja por cada 3.33 personas en fila y una caja para seis personas de la tercera edad haciendo fila. La “dignidad y preferencia” significa que en las circunstancias que sea, esas seis personas deberían ser atendidas y llamadas en cualquiera de las doce cajas con preferencia al resto de personas.
Lo mismo sucede en Claro, Unión Fenosa y resto de instituciones del país, pues olvidan que la Ley del Adulto Mayor es de orden público, o sea que es de cumplimiento obligatorio para empresas públicas y privadas.
No existe ente alguno que vele por la aplicación de las leyes, que con tan buena voluntad promueve la primera dama de la República. Ojalá les mande a dar seguimiento para su debida aplicación. El autor es abogado.
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