Humberto Belli Pereira
Está bien que a los nicaragüenses nos interese la institucionalidad y que una de las expectativas, sobre el posible diálogo entre los obispos y Ortega, es que ocupe un lugar destacado en la agenda. El problema es que solemos confinar nuestra preocupación a las instituciones públicas. Si preguntamos a un grupo cualquiera, ¿cuál es la institución más débil de Nicaragua?, la mayoría posiblemente responderá que la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Supremo Electoral.
Pero están equivocados. La institución más débil de nuestro país es la familia. Siendo como es, la célula básica de la sociedad, el fundamento de la educación y socialización de los menores, el nido donde se aprenden los valores fundamentales, nuestra familia típica es un caso patético de extrema debilidad. Porque en ella reina la inestabilidad, los rompimientos, el abandono, la violencia y el descuido.
No tenemos estadísticas muy precisas, porque el tema, aunque importante, no interesa tanto como la política y la economía. Pero la información disponible señala, con claridad que la mayoría de nuestros niños nacen fuera de matrimonio y que la mayoría de ellos; ¡la inmensa mayoría!, crecen sin la presencia de su padre biológico.
La causa directa de esta anomalía, de este auténtico cáncer social, es la ausencia o debilidad de la institución que cementa o estabiliza la familia: el matrimonio. La mayoría de nuestro pueblo no se casa y no se quiere casar. Prefiere las uniones llamadas “libres”, comportamiento que solía predominar en las clases bajas pero que hoy es adoptado por las medias y altas con la moda de la cohabitación, o de las uniones fáciles de disolver.
El caso es que fomentar y fortalecer la unión matrimonial es fundamental para el bienestar de los más débiles —los niños— y de la sociedad. Linda J. Waite y Maggie Gallagher, sociólogos, en su libro The Case for Marriage probaron, estadísticas en mano, que los casados gozan de mejor salud física, emocional y psíquica, y están más estimulados a aumentar sus ingresos, que los que viven solos o cohabitan. Igual sus hijos. Estos gozan de mejores índices de rendimiento académico y menor propensión a la delincuencia o las drogas.
Estas realidades aconsejan llevar el tema del matrimonio y la familia al diálogo con el poder. La función del gobierno es procurar el bien común de la sociedad. Y pocos temas lo afectan tanto como este. Lejos de verse como un asunto privado o religioso, que solo incumbe a las parejas o a las iglesias, el matrimonio es un compromiso público, un ideal moral y una institución social de extraordinaria importancia, que el Estado debe apoyar y no minar, como frecuentemente hace.
¿Cómo puede el Estado contribuir a la institucionalidad familiar? Un medio es incorporar el tema al currículo educativo. Nuestros docentes deberían desaconsejar la maternidad en solitario, que es endémica en nuestra juventud, y mostrar las ventajas personales y sociales de la unión matrimonial. ¿Acaso la esencia de la educación no es enseñar a tomar buenas decisiones en todos los ámbitos de la vida? Otro medio es revisar la actual legislación divorcista, la cual requiere de dos voluntades para casarse pero solo una para romper el vínculo. El tercer medio son estímulos fiscales y laborales que privilegien, con una auténtica discriminación positiva, a quienes asumen el compromiso público, noble y exigente, de apoyarse y auxiliarse por toda la vida.
Corresponde al laicado diseñar y proponer medidas concretas, pero los obispos, como pastores, pueden procurar que el gobierno se comprometa también a fortalecer la institucionalidad de la más débil e importante de todas las instituciones.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
