Cuando fue nombrada magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la juez penal Juana Méndez se presentó ante la Asamblea Nacional vestida ostensiblemente de rojo y negro, la reconocida combinación de colores de la bandera del partido Frente Sandinista.
La señora Méndez, quien perteneció a los órganos represivos de la primera dictadura sandinista, en la cual era conocida como “compañera Niquirana”, después de ser juramentada como miembro de la cúpula del poder judicial henchida de orgullo aseguró a los periodistas que ella era y sería sandinista hasta la muerte.
Aquella bochornosa muestra de la degradación de la justicia como consecuencia del pacto que hicieron Arnoldo Alemán y el PLC con Daniel Ortega y el FSLN, para repartirse el botín del Estado, ocurrió el 28 de marzo de 2007, poco después de que Daniel Ortega recuperó el poder y comenzó a restaurar la dictadura, en las nuevas condiciones creadas en el país después del ciclo de los 16 años de gobiernos democráticos.
Siete años después, en el mismo escenario de la Asamblea Nacional volvió a ocurrir algo igual, cuando el doctor Virgilio Gurdián, quien fuera electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia el jueves 10 de abril corriente, declaró que seguirá perteneciendo a su Partido Liberal Independiente y que será liberal hasta la muerte.
Hasta los niños escolares tienen que saber que la justicia, para ser realmente justicia debe ser impartida por personas cuidadosamente escogidas por su independencia, no por militantes ni simpatizantes políticos de ninguna clase, sea de partidos totalitarios como el FSLN o de partidos democráticos como el PLI. Si para algunas personas la pertenencia partidista está por encima de todo, y quieren mantenerse aferradas a su pasión ideológica hasta la muerte, entonces, ¿por qué no se dedican a servir exclusivamente a sus partidos y dejan que la función judicial la desempeñen personas que no tengan compromisos políticos ni ataduras partidistas?
La independencia de la justicia es el seguro de una sociedad democrática y civilizada. La justicia solo se puede administrar correctamente si es independiente. Esto significa que los jueces y magistrados deben tener la libertad y la capacidad de formar su propio criterio y de tomar sus decisiones judiciales en conciencia, basados en la ley y el sentido de equidad, sin someterse a ningún partido político, creencia religiosa, pasión ideológica o amor a un líder o caudillo. Los jueces y magistrados que obedecen a un partido político o actúan por inclinaciones políticas, no pueden impartir verdadera justicia.
Los casos de los dos magistrados antes mencionados, una sandinista y el otro liberal, quienes juran ser fieles a sus partidos hasta la muerte, son el reflejo de una cultura política primitiva y no democrática, que es causa fundamentalmente de todos los males institucionales de Nicaragua. De allí que cuando se produzca el nuevo cambio democrático en el país, habrá que establecer que la función judicial es incompatible con la pertenencia política. Los políticos, que se repartan las asambleas de diputados y concejales que son las instituciones políticas. Pero que no perviertan el poder judicial. La justicia es la virtud suprema y por tanto no debe estar sometida a la política partidista que, como ha advertido Mario Vargas Llosa por experiencia propia, es una forma de la maldad.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
