“La justicia es la primera virtud de la instituciones sociales, así como la verdad lo es para los sistemas del pensamiento”. La frase es de John Rawls, uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX. Oportuna.
En Nicaragua hablamos de la importancia de fortalecer la institucionalidad. Está muy bien mientras recordemos que la piedra angular de la institucionalidad es la justicia. Sin un sistema judicial probo e imparcial, no funcionan las instituciones ni el derecho. La voluntad de los más fuertes sustituye entonces la ley y en consecuencia reina la arbitrariedad; nada es previsible y todo se subvierte, hasta las leyes naturales, como ocurrió con la milagrosa conversión de la cocaína en talco, por obra y gracia de quienes quisieron proteger al hermano del “Chocolatito” González.
Y así como la justicia es la esencia de la institucionalidad, la imparcialidad es la esencia de la justicia. Por eso se la representa con una venda en los ojos, para no juzgar de acuerdo al color de nadie, sino en función de lo que corresponde a cada cual, de acuerdo a la ley. Cuando un sistema judicial se vuelve parcial, o partidario, la Justicia se quita la venda y sentencia en base a los colores de las partes. Nace así un verdadero apartheid o sistema discriminatorio: a los del color amigo se les exime de culpa y a los adversarios se les machaca.
Difícilmente existe hoy un tema de agenda tan importante como restablecer la independencia del poder judicial, de forma que en las controversias no triunfe más que la razón y el derecho. Decía hace poco Rafael Solís, que en el próximo diálogo entre los obispos y Ortega debían abordarse “temas por el bien común de la sociedad, como el combate a la pobreza, ya que abordar temas políticos no es papel de la Iglesia”. Quizás olvida la íntima conexión entre justicia y bienestar social.
Mejorar nuestro sistema judicial haría más por los pobres que repartir millones de láminas de zinc y chanchitos. Las sociedades donde los pobres gozan de mayores derechos y oportunidades son aquellas donde funcionan mejor los tribunales. Un buen sistema judicial es imán para las inversiones y garantía de paz social. Los poderes judiciales corruptos, parciales o inoperantes, son caldo de cultivo para la pobreza y el conflicto.
¿Cómo mejorar nuestra justicia? Actualmente la vía más directa es convencer a Ortega. A él obedecen el poder legislativo, electoral y judicial. Basta que él lo quiera para que ocurra. Y allí está precisamente la dificultad; porque independizar y profesionalizar el poder judicial sería ceder parte de su control.
Pero no hay que perder la esperanza. Tenemos antecedentes en nuestra historia de líderes que decidieron abdicar parte de su poder en beneficio de avances institucionales. En 1962 Luis Somoza impulsó una reforma constitucional estableciendo el carácter vitalicio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La medida fue un hito atípico en la historia del país, por cuanto reducía la concentración del poder en el ejecutivo. Los magistrados dejaron de depender para su permanencia en sus cargos del favor del partido dominante o de su caudillo. Tuvo un buen efecto.
Muchos abogados, incluyendo sandinistas, recuerdan los magistrados de 1963 —Alejandro Montiel, Hernaldo Zúñiga, Rafael A. Díaz, Salvador Mayorga, Diego Manuel Chamorro, Felipe Rodríguez Serrano, Julio Linares— como juristas cuyas principales credenciales eran la honradez y su capacidad profesional, no sus lealtades políticas.
Se dice que Ortega imita a los Somoza. Ojalá lo hiciera en ciertos casos y no en otros.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
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