Elízabeth Romero
La Policía y la Fiscalía conocieron desde el año 2013 denuncias por separado de estafas cometidas por el grupo encabezado por el reo Álvaro Ramón Leiva López, quien usaba el nombre del magistrado Marvin Aguilar.
Desde julio hasta septiembre del 2013, Gladys Zeledón Montenegro y siete de los socios de la cooperativa de servicios múltiples El Progreso del Norte, habían denunciado los casos por estafa, aunque en ese momento no conocían el nombre real de Leiva López. La Fiscalía desestimó las denuncias.
VUELVEN A DENUNCIAR
Casi un año después, Zeledón —hija del pastor Róger Zeledón, asesinado el 11 de marzo de 2013 en Mulukukú— y siete productores socios de esa cooperativa, volvieron a denunciar.
Zeledón y Omar Vílchez, quien es más conocido como representante de los “No Pago”, critica que la Fiscalía no procedió pese a las pruebas presentadas.
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En la denuncia presentada señalan que hay recibos entregados a Jenny Antonia Aguilar Mayorga hasta por 28 mil dólares, que físicamente están en poder de la Policía del Distrito Uno de Managua.
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Ambos comentaron que en la denuncia de Zeledón, la Policía detuvo a Jenny Antonia Aguilar Mayorga, quien se hacía pasar como sobrina del falso magistrado Marvin Aguilar y a Pedro Pablo Meza Guevara, pero 24 horas después los dejaron en libertad. Luego, acusaron de forma particular en los juzgados y fue rechazada la acusación.
Zeledón y Vílchez expresaron preocupación de que en el caso únicamente están detenidos Álvaro Ramón Leiva López, que ya estaba privado de libertad por otro delito y el exalcalde de Camoapa, José Plutarco Hernández Jiménez, no así Aguilar ni Meza Guevara.
UTILIZARON INFORMACIÓN
Antes de que se descubriera el asesinato del pastor Zeledón, sus familiares lo creían desaparecido y por tanto publicaron números telefónicos donde los podían contactar. Un día de abril de 2013, Gladys Zeledón recibió una llamada de alguien que se presentó como “el magistrado Marvin Aguilar”, diciéndole que la podía ayudar para que condenaran a los asesinos.
Para ello, Zeledón debía contactar a la “sobrina” del falso magistrado Aguilar. “Él no podía aparecer públicamente”, recuerda Zeledón, quien junto con su hermano René fueron el 13 de abril donde la mujer que le confirmó que era “sobrina” de Aguilar e hizo una llamada en su presencia y le ofreció el servicio de Pedro Pablo Meza Guevara y José Plutarco Hernández.
A cambio le pidieron 12 mil dólares, pero en ese momento solo reunieron seis mil dólares. Después les entregaron más dinero que en total sumó 8,300 dólares.
Ya en el proceso del juicio contra los asesinos, les llamó la atención que los supuestos abogados no hacían nada y existía la amenaza de que el caso se cayera.
Vílchez señaló que mientras Zeledón trató a los supuestos abogados, estos le sacaron información a ella y así se enteraron de que era socia de la cooperativa El Progreso del Norte. En una ocasión Zeledón recibió la llamada del falso magistrado que le preguntó que “¿cómo están los deudores?” y le prometió ayuda.
PRODUCTORES VÍCTIMAS
En la denuncia interpuesta en la Fiscalía señalan que el 25 de abril Zeledón los reunió en el local de la cooperativa y les expuso la oferta del falso magistrado Aguilar de ayudarlos con gestiones en los juzgados, Corte Suprema de Justicia y los bancos.
Les prometía que los jueces declararían la nulidad de los procesos de adjudicación de sus propiedades que los bancos y microfinancieras tenían en su contra en distintos juzgados de Nicaragua. No obstante, debían reunir diez productores que tuvieran capacidad económica para pagar diez mil dólares cada uno.
Jenny, Pedro Pablo y José Plutarco “eran sus representantes de plena confianza, los asesorarían y serían los ejecutores de las acciones”, dicen los afectados sobre el supuesto magistrado, en su denuncia en la Fiscalía.
Llegaron a las oficinas de Jenny en el barrio Rubén Darío y tras escuchar el planteamiento de los abogados, cada uno entregó el dinero. Hubo uno de ellos, Justiniano Suárez Blandón, quien entregó 12 mil dólares.
Zeledón recordó que los productores fueron víctimas de los denunciados, después que estos fueron a sus fincas para supuestamente elaborar los escritos y solicitar que les anularan los juicios. Además comenzaron a elaborar cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Nacional, Intendencia de la Propiedad, Comisión Económica y Banco Central.
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