Redacción Central
Las últimas reformas a la justicia penal en la región centroamericana, especialmente en Nicaragua, se concentraron en la protección del capital, descuidando la protección de los derechos humanos, explicó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sergio Cuarezma Terán.
Lo que se debió hacer es “un equilibrio de protección” entre el capital y los derechos humanos, expresó Cuarezma, quien el pasado miércoles 22 de enero del 2014 desarrolló la ponencia sobre ¿La justicia penal para la economía?, en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano del Instituto de Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad Georg-August de Göttingen, Alemania.
VITAL PARA LA DEMOCRACIA
“No tengo dudas que la reforma del sistema de justicia, en especial la penal, debe garantizar la seguridad jurídica para el desarrollo económico y además, asegurar que las normas no solo se apliquen, sino que exija su cumplimiento efectivo. Sin embargo, la reforma de la justicia también es vital para la realización efectiva de la democracia y los derechos humanos, no solo para la creación de un ambiente seguro para los negocios, recogidos en buena parte de las constituciones políticas de la región, pero sin posibilidad de realizarse”, expresó Cuarezma en su ponencia.
Cuarezma advierte, apoyado en una investigación empírica llevada a cabo por el PUND y el Incae, que mientras los pueblos centroamericanos “aparentan inclinarse por cierta ausencia de orden y rapidez de la justicia siempre y cuando se asegure cierto nivel de justicia social, la misma cultura en los países desarrollados prefieren arriesgarse a la injusticia antes que soportar el desorden y el atraso judicial”.
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