Es muy difícil conocer qué se piensa dentro del Ejército, sobre las reformas constitucionales que afectan a las fuerzas armadas, y acerca de las reformas del Código Militar, que en la sociedad civil son consideradas como un retroceso de las fuerzas armadas a la condición partidista, antes sandinista y ahora orteguista.
Al respecto, los organismos cívicos Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y Observatorio de Gobernabilidad, señalan en un estudio sobre las reformas del Código Militar impulsadas por Daniel Ortega que, aunque la jefatura del Ejército justificó su necesidad técnica, “la verdad es que su naturaleza, por el contenido y la forma, es política, pues muestra la clara voluntad de subordinar y controlar al aparato militar”. Agrega el estudio mencionado que “la aprobación de estas reformas y los antecedentes cercanos en la relación entre (Daniel) Ortega y el ejército, han terminado por fracturar el proceso de profesionalización y modernización que la institución militar había avanzado durante las últimas décadas, convirtiéndola nuevamente en un actor con protagonismo político, deliberante y sujeto a una relación personal con Daniel Ortega”.
Algún tiempo atrás, en abril de 2012, el denominado Grupo Patriótico de Militares Retirados integrado por exoficiales de alto y mediano rango del Ejército Popular Sandinista (EPS) y del Ejército de Nicaragua, los cuales mantienen posiciones explícitamente democráticas y son críticos del régimen orteguista, en una declaración pública advirtieron “con alarma justificada” que se estaba produciendo una “acelerada cooptación de ambos cuerpos (el Ejército y la Policía), con la pretensión de subordinarlos de manera directa y personal al dictador, en abierta violación a las leyes. Nos preocupa —agregaron los antiguos militares sandinistas que ahora sustentan y defienden posiciones democráticas— que se intente violentar los plazos ya establecidos para la sucesión de mandos en el Ejército Nacional, al igual que lo hicieron en la Policía, con el objetivo de manchar la legitimidad de la institución, que fue alcanzada con muchos sacrificios”.
En realidad, se ve muy claro el plan estratégico de Daniel Ortega y el FSLN, de establecer, consolidar y perpetuar un régimen dictatorial sostenido simultáneamente sobre los pilares de una burocracia civil incondicional y de la fuerza militar (en activo y en retiro) del Estado. Sin quemar etapas, evitando los apresuramientos y errores groseros cometidos en los años ochenta, avanzando sin prisa pero también sin pausas, Ortega está impulsando hasta ahora con éxito los cambios estructurales, políticos y legales, que le permitan consolidar la dictadura personal, familiar y partidista que ha venido imponiendo desde enero de 2007.
En la calle y en los círculos políticos democráticos se comenta que el plan de Daniel Ortega para someter al Ejército, cuenta con el apoyo de la cúpula castrense porque le da más poder y privilegios; pero al mismo tiempo causa inconformidad en mandos intermedios e incluso altos porque rompe el mecanismo de rotación y de ascensos, cortando las aspiraciones de muchos cuadros militares intermedios y altos. Pero lo cierto es que la opinión de los miembros del Ejército sobre las reformas regresivas de la Constitución y el Código Militar, es un enigma prácticamente imposible de desentrañar.
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