Los ciudadanos de Costa Rica y El Salvador votarán mañana para elegir en ambos casos a sus próximos presidentes y vicepresidentes, así como a los diputados que los representarán en el siguiente período en las asambleas legislativas correspondientes.
Según las informaciones, en las dos elecciones la izquierda tiene mucha posibilidad de alzarse con la victoria, aunque parece inevitable ir a segunda vuelta. Pero poco importa, en términos generales, que gane la izquierda o la derecha si el partido y el candidato victorioso van a respetar el sistema de libertades y democracia que existe en El Salvador y Costa Rica. La democracia funciona cuando los ciudadanos votan por los partidos y candidatos de su preferencia, y quienes ganan y asumen el poder respetan las instituciones democráticas republicanas, y las libertades y derechos que sustentan este sistema que sin duda tiene muchos defectos pero es el mejor que existe y ha existido a lo largo de la historia.
Aparte de eso, es importante destacar que el rasgo común de las elecciones en Costa Rica y El Salvador es que son libres y limpias. Nadie teme que se vaya a cometer fraude, a irrespetar el voto ciudadano, a imponer mañosamente al candidato del partido que está en el gobierno. Ni hay temor de que el presidente que resulte elegido vaya a socavar las instituciones democráticas, ni a reformar de manera espuria la Constitución para reelegirse una y otra vez y quedarse para siempre en el poder.
En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones está integrado por tres miembros propietarios (cinco en periodo de elecciones) y seis suplentes, cada uno de los cuales es nombrado por la Corte Suprema de Justicia con el voto de por lo menos dos tercios de sus magistrados. Son escogidos rigurosamente entre personas de reconocida honorabilidad y prestigio que garantizan su profesionalismo e independencia. La última guerra civil en Costa Rica, en 1948, se debió precisamente a que el voto ciudadano no fue respetado y desde entonces los costarricenses se empeñaron en garantizar la pureza del sufragio y ser un ejemplo en este campo, a nivel regional.
En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) —constituido desde 1991 como consecuencia de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la última guerra civil salvadoreña—, está integrado por cinco miembros propietarios e igual número de suplentes. Tres de ellos son elegidos por la Asamblea Legislativa de ternas propuestas por los partidos o alianzas que obtuvieron más votos en la última elección presidencial, y los otros dos de ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente del Tribunal Electoral es seleccionado de la terna del partido que ganó la última elección presidencial. De manera que el órgano electoral salvadoreño es más politizado que el costarricense, pero igualmente se caracteriza por la rectitud de sus miembros, quienes en el ejercicio de sus funciones actúan en forma independiente, apegados a la Constitución y la Ley Electoral.
Eso es lo que hace la enorme diferencia entre las elecciones que se realizan en El Salvador y Costa Rica, y las que se hacen en Nicaragua, pues aquí el sistema electoral es fraudulento y las personas que organizan las elecciones manipulan los votos según su interés político y partidista. Y no merecen por eso —y por muchas otras razones más— la confianza de la oposición ni el respeto de la ciudadanía, sino más bien su repudio y desprecio.
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