Los principios rectores del Estado democrático de Derecho deben concebirse no solo como expresión de valores políticos, jurídicos y éticos, sino también como instrumentos técnicos para la mejora continua de los procesos y productos que implica la gestión de los intereses generales de una comunidad determinada.
En este sentido, las convicciones democráticas o autoritarias de los individuos y de los partidos políticos contribuyen al diseño de sus estrategias, a la mayor o menor eficiencia en la consecución sostenible de sus objetivos y a la cantidad y calidad de sus aportes al desarrollo y grandeza de las naciones.
En las actuales circunstancias se ha venido consolidando una percepción de que el Frente Sandinista es un partido invencible con una estrategia clara y un sobresaliente nivel de eficiencia. Sin embargo, es esta una percepción harto discutible. Se puede observar, contrariamente, una debilidad estructural de dicho partido. Salvo su participación destacada, junto con otros actores, en el derrocamiento del somocismo, se ha mostrado incapaz de construir una propuesta coherente de nación, lo cual, entre otras razones, le ha impedido alcanzar beneficios permanentes para los nicaragüenses.
Así, en la Constitución de 1987 y en un contexto de guerra, el FSLN diseñó un sistema hiperpresidencialista con un presidente reelegible indefinidamente con amplias potestades normativas y jefe supremo de unas fuerzas armadas partidizadas. Después, desde la oposición, propuso y se convirtió en el más férreo defensor del sistema parlamentario y celoso vigilante del cumplimiento del principio de legalidad. Hoy, de nuevo en el Gobierno y en paz, aprueba reformas constitucionales para reconstruir a un presidente sempiterno, militarista y sin controles —ni siquiera deberá informar personalmente al parlamento de su gestión— y para “legitimar” la destrucción del constitucionalismo que han exacerbado desde su regreso al Gobierno en el 2007.
Todo lo anterior refleja que no existe pensamiento estratégico alguno más que la conquista del poder y explica, por ejemplo, aquel pacto pernicioso, todavía vigente según demuestra la reciente integración de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, con uno de los políticos más corruptos de la historia. O la promoción del transfuguismo que, sin embargo, sancionan cuando afecta sus propias filas. O la incongruencia entre un discurso de reconciliación nacional y una práctica obscena de impunidad por violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por agentes o simpatizantes del régimen. O la subordinación de la Constitución a la concesión canalera de Wang Jing refrendada por una Corte Suprema integrada por ningún magistrado nombrado constitucionalmente.
La carencia de convicciones y estrategias democráticas produce actuaciones erráticas como el cambio y recambio del horario laboral en las instituciones estatales, el retiro y reactivación de un jefe policial, el desconocimiento e inmediato reconocimiento de las pensiones reducidas de los jubilados, la definición y redefinición de plazos del proyecto del Canal. Anteayer el comandante Ortega decía que jamás apoyaría un uso del Cocibolca que amenazara la potabilidad de sus aguas. Hoy hace trizas sus palabras y la sostenibilidad ambiental del lago. No hay límites ni rubores. Todo vale. Lo único prohibido es poner en peligro el poder del comandante. Ciertamente son errores que no ha aprovechado la oposición política, pero llevan en su seno el germen de la destrucción del modelo. Por eso, la relativa estabilidad y positivos resultados socioeconómicos obtenidos hasta ahora son insostenibles.
Así, pues, en verdad, el león no es tan fiero como lo pintan. A poco que se analice la realidad, nos percatamos de que el poder ilimitado del comandante Ortega y el sometimiento de todas las instituciones del Estado, incluyendo al Ejército y la Policía, se sustentan sobre bases muy precarias. No obedecen a la coherencia de sus estrategias ni a la sostenibilidad de sus políticas, sino a circunstancias azarosas que cumplirán, tarde o temprano, su fecha de caducidad. El autor es Catedrático de Derecho Constitucional.
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