Los niños y adolescentes podrán elevar sus denuncias a la Organización de Naciones Unidas cuando sus derechos humanos hayan sido violados y no hayan recibido respuesta de parte de las autoridades de su país.
No obstante, el Gobierno del denunciante debe haber ratificado el Tercer Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño.
El Comité de Naciones Unidas podrá recomendar que el Gobierno en cuestión ofrezca a las víctimas rehabilitación, compensación económica o garantías de que el hecho no se vuelva a repetir.
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