MADRID/AP
El gobierno español aprobó ayer el borrador de un proyecto de ley que establece multas de hasta 30,000 euros (40,800 dólares) por cometer ofensas como quemar la bandera nacional, insultar al Estado o provocar disturbios graves frente al Parlamento.
El proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido criticado duramente por partidos de oposición, grupos judiciales y sociales como un intento del gobierno conservador de acallar las protestas por el manejo de la grave crisis económica que azota al país.
Las medidas, que actualizan una ley de 1992, también incluyen multas de hasta 1,000 euros por insultar o amenazar a policías durante las manifestaciones. Se planean multas similares por difundir fotografías de agentes policiales que los pongan en peligro o de operaciones de la policía.
Las ciudades españolas han sido escenario de protestas semanales, la gran mayoría de ellas pacíficas, desde que la crisis económica estalló en 2008.
El Partido Popular del jefe de gobierno español Mariano Rajoy, de corte conservador, ascendió al poder en 2011 y emitió una serie de medidas de austeridad y recortes en la salud y la educación, así como reformas laborales y financieras, en un intento por sacar a flote la economía y evitar que tenga que ser rescatada.
La medida desató un incremento en las manifestaciones callejeras, incluidos varios intentos de rodear el Parlamento, algunos de los cuales terminaron en enfrentamientos con la policía. Alejandro Touriño, socio y especialista en información en la firma de abogados Ecija, consideró que, con un desempleo de 20 por ciento, no cree que esta legislación sea lo que el país necesite.
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