El general de Ejército, Julio César Avilés, se declaró “soldado de la Patria” ayer, ante las preguntas sobre las reformas propuestas por el presidente inconstitucional al Código Militar, reformas que incluyen la obligación de resguardar empresas mixtas (como Albanisa), así como la eliminación de la prohibición de la reelección del jefe del Ejército, luego de ejercer su cargo por cinco años.
“El comandante en jefe, todos los miembro del Ejército somos soldados de esta Patria, disciplinados. Y si hoy aquí estoy en este cargo y mañana a mí se me dice que debo estar encargado en una tarea específica alrededor del río San Juan o en el Caribe nicaragüense, pues allí vamos a estar”, justificó Avilés.
Sin embargo, hay que diferenciar que una cosa es el ejemplo citado por Avilés y otra lo que se está planteando en la reforma al Código que dejará a la voluntad de Ortega la decisión de por cuánto tiempo el jefe del Ejército permanece en su cargo. Esa reforma convierte al alto militar en empleado directo del presidente inconstitucional y, por lo tanto, viene a desnaturalizar la sujeción del Ejército a la Constitución, que en su artículo 95 establece que “el Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometido a la autoridad civil, que será ejercida directamente por el presidente de la República…”.
Sin embargo, esa autoridad del presidente debe estar dentro de las facultades que la Constitución le otorga en el artículo 150 y entre esas facultades no está prorrogar el mandato del jefe del Ejército. Y como el artículo 183 deja claro que “ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”, entonces la obediencia del Ejército al presidente no llega a los límites que pretende la reforma del Código Militar.
Ninguno de los puntos arriba mencionados es afectado por la contrarreforma propuesta por el orteguismo, el pasado 31 de octubre.
En días pasados, el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Carlos Langrand, refrescaba a los nicaragüenses nuestra —corta— memoria, leyendo textualmente lo que dijera el entonces comandante en jefe del Ejército y actual vicepresidente de la República, Omar Halleslevens, en ocasión del 29 aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua, el 3 de septiembre del año 2008. Dijo el entonces jefe militar ante toda la Nación: “Les recordamos que el Ejército de Nicaragua no hace cálculos políticos. No intervenimos en política. No queremos hacerlo. Somos los primeros en oponernos a ello. No queremos deliberar. No estamos para defender posiciones políticas ni ser contrarios a posiciones políticas, porque ese rol lo juegan los partidos políticos de nuestro país. No le corresponde hacer política a nuestra institución. ¿Acaso será que quieren llevarnos a la política? Nosotros, el Ejército de Nicaragua, somos los primeros en decir: ‘¡No, no vamos a caer en ese pecado ni vamos a permitir que nos lleven a cometerlo!’”.
Tristemente, el Ejército está cometiendo el “pecado” que advirtió Halleslevens. Comenzó a pecar desde que se presentó a la Asamblea Nacional a deliberar sobre una contrarreforma propuesta por una bancada partidaria, y ha empeorado con esta actitud sumisa ante la reforma al Código Militar que, aunque se enoje el general Avilés, desnaturaliza al Ejército y lo convierte en una guardia personal del dictador.
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