Managua/ACAN-EFE
El vicepresidente de Nicaragua, general en retiro Omar Halleslevens, defendió la propuesta de reforma constitucional en lo relativo al nombramiento de militares en activo en cargos públicos, un hecho que, según dijo, en la práctica ya se aplica.
En la propuesta de reforma a «la Constitución lo que se plantea es tratar de recoger algo que en la práctica ya se ha dado», declaró a periodistas al salir de una actividad sobre responsabilidad social empresarial.
Halleslevens citó los ejemplos de los coroneles activos Hugo Argüello, quien es director del Instituto de Medicina Legal; y Wagner Molina Pérez, que es parte del equipo jurídico de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Afirmó que ambos utilizaron un recurso legal para pasar a la vida civil por períodos específicos, sin retirarse de la vida militar.
«Los (militares) que están en servicio activo tienen varias situaciones: están de baja, en comisión de servicio o activos. Cuando están de comisión de servicio prestan su trabajo por un tiempo determinado», explicó el dignatario.
Distintos sectores nicaragüenses han criticado que la enmienda otorgue mayores facultades al Ejército, que controlarían el espectro radioeléctrico y de telecomunicaciones, y sus oficiales generales podrían ocupar cargos públicos sin renunciar a su vida militar.
«De repente queremos pensar que Daniel Ortega o el que esté de presidente, va a querer tener un gobierno con 10 ó 15 ministros militares, creo que eso no va a suceder», insistió Halleslevens.
El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos advirtió en la víspera que «el nombramiento de militares activos en instituciones del Estado es equivalente a afirmar que en la sociedad no existen nicaragüenses capaces de asumir un cargo público, lo cual contrasta con nuestra realidad y simplemente resulta inaceptable».
Para esa ONG, «reforzar la idea que sólo los militares pueden instaurar el orden en el país es promover la cultura de militarización del Estado en detrimento de la institucionalidad democrática, lo que es contrario al derecho a la paz».
La enmienda constitucional es revisada actualmente por una comisión legislativa especial, con mayoría sandinista, conformada para darle seguimiento.
Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos el 60 % de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, es decir con 56 votos.
