Elízabeth Romero
El presidente inconstitucional Daniel Ortega busca no dejar ningún resquicio legal con las reformas al Código Militar, pues en las mismas también contempla utilizar al Ejército de Nicaragua cuando él califique una protesta como “asonada” o “motín”.
En las propuestas de reformas está contemplada esa situación en el Artículo 6 numeral 4, el cual establece: “Ordenar, según su criterio (Ortega), en caso de suma necesidad la intervención de las fuerzas del Ejército en asonadas o motines que excedan la capacidad de las fuerzas de la Policía Nacional para sofocarlos. En cada caso deberán informar a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de siete días” .
Es de destacar que las labores vinculadas a sofocar protestas están destinadas a la Policía. Y en el Capítulo II, Artículo 3, numeral 11 de la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional sobre funciones de las fuerzas públicas, se establece “mantener o restablecer, en su caso, el orden público y la seguridad ciudadana y solicitar al presidente de la República el apoyo del Ejército de Nicaragua en casos excepcionales de acuerdo con el Artículo 92 Cn. (Constitución Política)”.
El artículo de la Constitución en mención establece que “es deber y derecho de todos los nicaragüenses luchar por la defensa de la vida, de la patria, de la justicia y de la paz, para el desarrollo integral de la nación”.
“Le está aumentando sus misiones y hasta asumiendo las propias de la Policía Nacional y lo peor es que como guardas (de seguridad)”.
.El defensor de derechos humanos advirtió el peligro que representa que a los soldados que “están preparados para la guerra, para cumplir misiones militares”, les asignen tareas de fuerza civil, pues “ los militares te persuaden a balazos. Acordate, recientemente sin tener facultades agarraron a balazos (a los pobladores) en el contexto de un conflicto de propiedad que custodiaban”, expresó Carrión refiriéndose al desalojo en una propiedad en San Miguelito, departamento de Río San Juan.
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SALDRÍAN A REPRIMIR
Para el general en retiro Hugo Torres, con esto lo que pretenden es sacar al Ejército “para reprimir” en caso de protestas populares. No obstante, Torres reconoce que según la ley, Ortega estaría facultado a ordenarle al cuerpo castrense actuar en auxilio de las fuerzas policiales cuando los acontecimientos que violente el orden público excedan la capacidad de la Policía. Sin embargo, “en la forma en que está planteado, todo eso está hecho para que a la hora de sacarlo (al Ejército) decir: no, aquí está en la ley”.
“Para sacar el Ejército debería ser (decidido) en Consejo de ministros, (pero) todo es papel mojado, sabemos que la figura desaparece, la Asamblea Nacional pasa a ser un monigote de Daniel Ortega”, dijo Torres.
Recordó que al igual que pasó con la Policía, estas reformas traerán similares consecuencias.
“Una Policía que se hace de la vista gorda ante la represión de las fuerzas de choque del orteguismo, y que cuando tiene que reprimir directamente lo hace. Una Policía (en la que ) ya no se puede confiar a la hora de manifestarse cívica, pacíficamente en reclamo de sus derechos constitucionales”, afirmó Torres.
El militar en retiro recordó que todas las dictaduras terminan siendo derrocadas, pero lo grave de esto, dijo, es que vaya a arrastrar en su caída a la Policía y al Ejército, por lo que confió en que los cuadros intermedios de la institución castrense —que dijo son muy profesionales— reaccionen a tiempo, pues conoce que muchos de ellos están molestos “con este manoseo”.
SOLDADOS HARÁNEL PAPEL DE CPF
Otra de las tareas que le asigna Ortega al Ejército en estas reformas al Código Militar es el de la “seguridad” y “protección” de objetivos económicos “de capital mixto”.
El analista independiente en temas militares, Yassir Chavarría, considera que esto lleva a plantearse varias interrogantes, como: si empieza la construcción del Canal Interocéanico “¿el Estado asumirá el costo de la vigilancia? hablando de por lo menos seis mil efectivos militares resguardando toda la construcción?”.
“¿Va a venir una fuerza de seguridad extranjera? Todo indica que el Ejército va a ser el responsable de esa seguridad. Se aumentará el presupuesto en defensa para ese fin o va a ser asumido el costo operativo por una empresa extranjera o un ente privado?”, se preguntó Chavarría.
Y agregó que los soldados del Ejército no deben cumplir con otra función que no sea la de su naturaleza de defensa y protección ante amenazas externas.
Torres considera que puede tratarse si no es el Gran Canal —del cual tiene sus dudas que vaya a ejecutarse—, sean los megaproyectos como puertos y oleoductos, entre otros. Y debido a que ni el Ejército ni la Policía pueden cuidar empresas privadas, Ortega tiene que legalizarlo de esa manera, porque si no tendrían que cuidarlos empresas de mercenarios que existen en el mundo, o bien le correspondería al Ejército chino en caso del Gran Canal que tampoco podrá ser.
“Le está aumentando sus misiones y hasta asumiendo las propias de la Policía Nacional y lo peor es que como guardas (de seguridad)”. .El defensor de derechos humanos advirtió el peligro que representa que a los soldados que “están preparados para la guerra, para cumplir misiones militares”, les asignen tareas de fuerza civil, pues “ los militares te persuaden a balazos. Acordate, recientemente sin tener facultades agarraron a balazos (a los pobladores) en el contexto de un conflicto de propiedad que custodiaban”, expresó Carrión refiriéndose al desalojo en una propiedad en San Miguelito, departamento de Río San Juan.
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