Gloria Picón Duarte
Una contrapropuesta a las reformas de la Constitución Política de 1995 es lo que se está viendo con el actual proyecto de reformas a la Constitución Política de Nicaragua, según el abogado constitucionalista Oscar Castillo, quien cree que así se deja en evidencia que el presidente inconstitucional Daniel Ortega tiene “nostalgia” de los poderes casi omnímodos que la Constitución de 1987 le otorgaba.
Castillo explica que con la Constitución de 1987, el presidente prácticamente “tenía poderes omnímodos: tenía poderes en el Ejército, la Policía, celebraba contratos de préstamos sin permiso, dictaba leyes, concentraba mucho poder, pero con la reforma de la Constitución en 1995, ese absolutismo se relativiza, porque se amplía la democracia y se crea un equilibro de poderes”.
Sin embargo, el experto en Derecho Constitucional, Oscar Castillo, considera que con esas reformas se reforzó la institucionalidad y, aunque el Frente Sandinista se opuso y no se sintió consultado, fue Daniel Ortega quien propuso el artículo 147 para la reelección en un periodo no consecutivo, porque en un inicio se prohibiría definitivamente.
“Con este proyecto de reformas se retrocede al pasado y al presidencialismo absoluto, porque anula la que se hizo en 1995, con todas su bondades”, valora.
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Según el experto, lo que se hizo en 1995 fue crear pesos y contrapesos, para un balance de poderes que no lo tenía la Constitución de 1987.
“Esto es una contrarreforma. Ortega ha venido actuando con un carácter nostálgico de la Constitución de 1987. Así ha venido gobernando, ha venido obviando la reforma de la Constitución del 95, porque mediante decreto prorrogó a la gente en sus cargos, creó los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), entre otros”.
Castillo califica el proyecto de reforma, que actualmente está en su etapa de consulta, como un retroceso en comparación con la reforma que se dio en 1995, ya que las mismas permitieron un equilibrio de poder entre todos los poderes del Estado, y el ejecutivo dejó de ser casi omnímodo y absoluto a como lo regulaba la Constitución de 1987.
El también experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, califica las actuales reformas como una involución a la legitimidad democrática y al funcionamiento democrático, pues explica que, al eliminar el porcentaje de votos que un presidente necesita para ser electo, se está diseñando un presidente menos representativo políticamente, pero contradictoriamente se le está dando mayor poder normativo.
Álvarez cree que, de aprobarse la reforma tal como está, se le otorga mayor potestad al presidente, porque sus decretos van a tener fuerza de ley sin ser sometidos a controles posteriores en el parlamento y eso debilita el principio de control parlamentario sobre el presidente y debilita la separación de poderes.
Hace unos días, el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, negó que le estén dando poderes omnímodos al presidente, señalando que los decretos que dicte no pueden derogar leyes.
Sin embargo, Álvarez explica que dicho argumento es totalmente desacertado, porque un decreto con fuerza de ley tiene el mismo valor jerárquico que una ley y bien puede derogar una ley de la Asamblea.
Sin embargo, el experto en Derecho Constitucional, Oscar Castillo, considera que con esas reformas se reforzó la institucionalidad y, aunque el Frente Sandinista se opuso y no se sintió consultado, fue Daniel Ortega quien propuso el artículo 147 para la reelección en un periodo no consecutivo, porque en un inicio se prohibiría definitivamente. “Con este proyecto de reformas se retrocede al pasado y al presidencialismo absoluto, porque anula la que se hizo en 1995, con todas su bondades”, valora.
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