Algunos analistas jurídicos y políticos estiman que si bien es cierto que en general las reformas constitucionales de Daniel Ortega son regresivas y antidemocráticas; sin embargo, se debe reconocer que algunas de ellas son positivas y aceptables. Como ejemplo mencionan la reforma que incorpora a la Constitución la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la nueva frontera marítima de Nicaragua en el mar Caribe, lo mismo que las de carácter judicial, como constitucionalizar el contencioso administrativo, crear un organismo de administración judicial y agregar una nueva garantía procesal.
Pero por muy buena que sea en el papel una disposición constitucional, en la práctica no puede ser efectiva si el que la va a aplicar es un régimen como el de Daniel Ortega, para quien las reformas constitucionales son solo un medio para institucionalizar su modelo de gobierno dictatorial y perpetuarse en el poder. Si garantías constitucionales fundamentales, como la restricción de la reelección presidencial, la independencia de los poderes del Estado y la transparencia electoral, han sido papel mojado en manos de Ortega y su camarilla y si magistrados de justicia venales han sentenciado que la Constitución es inconstitucional en lo que afecta el plan de perpetuación en el poder del caudillo, ¿quién puede garantizar que el órgano de administración judicial será honesto y eficiente y que el contencioso administrativo funcionará en beneficio de los ciudadanos?
Por otra parte, es tan grande el peso de las reformas negativas, tales como constitucionalizar la reelección presidencial ilimitada, institucionalizar el control partidista de los poderes del Estado, militarizar la administración pública, subordinar la familia al Estado autoritario y subvertir los valores religiosos de los nicaragüenses, entre otros; y son tan mínimas las reformas, supuestamente positivas, que no vale la pena ni siquiera considerar la posibilidad de aceptarlas. Y mucho menos si su aprobación conlleva aceptar las reformas antidemocráticas.
Además, Nicaragua no necesita una reforma constitucional. Lo que se necesita es que la Constitución sea respetada, que se acate la prohibición de la reelección presidencial en periodos consecutivos y por más de dos mandatos, que los poderes del Estado no sean detentados por personas venales, partidistas y sometidas a un caudillo autoritario, que se cumplan las leyes de acceso a la información pública y de transparencia en el manejo de los recursos del Estado, que se aplique la norma constitucional básica de la democracia, de que las elecciones sean justas y transparentes, que se practique la alternancia en el poder, etc., etc.
Si se tratara de reformas constitucionales para modernizar el Estado y profundizar la democracia, las que habría que aprobar serían: la prohibición absoluta de la reelección presidencial, que el presidente sea elegido con más del cincuenta por ciento de los votos y, si nadie los obtiene, que exista segunda vuelta con los dos primeros, que quienes violen los principios fundamentales de la Constitución sean enjuiciados y encarcelados, sin posibilidad de indulto ni amnistía. Y otras de ese mismo calibre.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
