Los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense, Carlos Langrand y Eliseo Núñez Morales, denunciaron que entre los diversos objetivos de la contrarreforma constitucional orteguista está el de darle al Estado “mayor control de la información que se transmite a través de correos electrónicos y redes sociales”.
Se refieren a que, mediante la reforma orteguista al artículo 92 de la Constitución (en el cual se establecen las atribuciones fundamentales del Ejército), se incluirán los siguientes cuatro nuevos incisos que convertirán la comunicación informática en una cuestión de seguridad nacional: “a) Las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país; b) En ningún caso es permisible el establecimiento de sistemas que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional; c) Los puntos de comunicación estatal deberán ser propiedad del Estado; y, d) El espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses debe ser controlado por el Estado”.
Según el diputado democrático Langrand, “esto es un retroceso, pues vemos lo que ocurre en Cuba, donde los ciudadanos no tienen la posibilidad de intercambiar conocimientos ni emitir sus opiniones, y un ejemplo claro de esto es cómo persiguen a los blogueros que escriben en contra del régimen castrista”. Sin embargo, no se trata solo de una grave amenaza contra los ciudadanos, cuyas comunicaciones en la red podrán ser controladas y restringidas por el Estado. Eso atenta también contra la libertad de las empresas privadas, que a partir de tal reforma no podrán adquirir libremente bases de datos en el extranjero, ni podrán alojar las suyas en la llamada “informática en la nube”, la cual consiste en una red de servidores desde internet que permite acceder a la información propia y a servicios de bases de datos externos, en todo momento y desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. Se trata de un sistema informático que reduce los costos, garantiza un mejor tiempo de actividad y protege a los sitios web de los hackers y de los espionajes comerciales y políticos.
Cabe señalar, además, que no solo en Cuba existe el control totalitario del poder político sobre la comunicación por internet. Igual o peor sucede en China, país que tiene la mayor cantidad de usuarios de internet del mundo (un total de 500 millones) pero el Estado totalitario cuenta también con el sistema de control y censura más grande del planeta. El régimen comunista de China, que es el nuevo modelo de sociedad y sistema político para Daniel Ortega, mantiene una férrea censura de la información mediante mecanismos masivos que bloquean páginas de internet como Facebook, Twitter o YouTube, y un ejército de censores que durante las 24 horas del día buscan voces disidentes y páginas pornográficas, sobre todo las primeras.
El diputado democrático Eliseo Núñez advierte oportunamente que con el nuevo artículo 92 de la Constitución, Nicaragua volverá “ a los inicios de internet, porque el avance de la red es cuando se puede alojar la información fuera del país, ya que esto abarata costos y hace más rápido el sistema”. De manera que cabe esperar que la empresa privada rechazará vigorosamente este malévolo proyecto de imponer el sistema chino de control totalitario de la información, el cual afectará también y de manera directa, la actividad y el interés empresarial.
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