En la actualidad, hay aparatos de inteligencia tanto en el Ministerio de Gobernación (Migob) como en el Ejército.
La Oficina de Servicios de Inteligencia Civil funciona en el Migob y fue creada según la ley orgánica de esa institución.
La Dirección de Inteligencia opera en la Policía, adscrita al Migob, y se sirve de policías encubiertos.
La Dirección de Información para la Defensa (DID) funciona en el Ejército y está destinada a recopilar información para contrarrestar el crimen organizado y el narcotráfico así como para garantizar la defensa de la Seguridad Nacional.
Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Dicim) opera en el Ejército.
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El periodista Luis Duarte publicó en la revista Magazine de LA PRENSA que “al principio la DGSE trabajaba con oficiales con poca preparación y con recursos económicos insuficientes. Pero el apoyo de las agencias de espionaje de los demás países socialistas fortaleció a la institución”.
El objetivo de la DGSE era principalmente penetrar a las organizaciones contrarrevolucionarias, particularmente militares y neutralizar a los líderes somocistas. En segundo lugar estaba el espionaje político y el trabajo contra la CIA, detalla Duarte.
La bancarrota del Estado afectó severamente al Ministerio del Interior (Mint), del cual dependía la Seguridad del Estado, que vio reducido su personal en un cuarenta por ciento y así se fue reduciendo hasta su desaparición con la derrota electoral de 1990.
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Los “orejas” eran civiles que se encargaban de delatar ante la Guardia a toda persona que participaba en actividades de cualquier índole en contra de la dictadura.
“Los orejas” integraban los “escuadrones de la muerte”, eran los torturadores, los informadores oficiosos de la Guardia y de la Oficina de Seguridad del somocismo, eran quienes espiaban y perseguían a estudiantes, opositores al régimen, a guerrilleros sandinistas y a todo aquel “sospechoso” “de atentar” contra el aparato opresor de la tiranía, escribió Barreto.
Cuenta Barreto que junto a la OSN aparecieron otros grupos de “espías” del somocismo, como el Servicio Anticomunista, la “Mano Blanca” (o “escuadrones de la muerte”), las Brigadas Antiterroristas (Becats) y los Amrocs (militares retirados).
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Eduardo Cruz
Cada vez que hablaba por teléfono, Agustín Jarquín Anaya escuchaba un ruido y un eco en su aparato de comunicación, lo cual le empezó a preocupar cuando además comenzó a observar gente que lo seguía y le tomaba fotos.
Jarquín Anaya, hasta hace poco diputado aliado del FSLN, estaba seguro que lo estaban espiando, y esa seguridad la reforzó con las últimas noticias sobre denuncias de espionaje que realizaron periodistas de LA PRENSA y de Confidencial y el obispo Abelardo Mata, quienes aseguran que han sido espiados por supuestos efectivos del Ejército y de la Policía.
“Lamentablemente, yo creo que aquí (en Nicaragua) se ha activado eso (espionaje)”, dice Jarquín Anaya, quien recuerda la época de los ochenta, cuando el primer régimen sandinista formó la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), una sección política dedicada a escuchar las conversaciones telefónicas de los opositores y a rastrear toda información relacionada con sospechosos de andar en actividades contrarias a la revolución.
La periodista Elízabeth Romero y el fotógrafo Manuel Esquivel, del Diario LA PRENSA, junto al obispo Abelardo Mata, fueron captados mediante vídeos y fotografías cuando realizaban una cobertura periodística sobre un encuentro entre representantes de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) y cabecillas de grupos que dicen estar alzados en contra del gobierno de Daniel Ortega. Las imágenes después fueron filtradas y publicadas por medios oficialistas y aliados al Gobierno.
Por su parte, el periodista de Confidencial, Ismael López, denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que personas identificadas como miembros de la Dirección de Investigación para la Defensa, del Ejército de Nicaragua, realizaron espionaje en contra de él y de su familia, y además lo interrogaron sobre su labor como periodista, luego que él le dio cobertura a un combate que hubo entre el Ejército y alzados en armas en la comunidad Anizales, en Pantasma, Jinotega.
Constitución lo prohíbe
“Esto es una luz roja, una luz de peligro”, dice el jurista Alberto Novoa sobre las recientes denuncias por espionaje político, especialmente porque la Constitución Política de Nicaragua, la máxima ley del país, prohíbe ese tipo de actividades en el artículo 96.
“… Se prohíbe a los organismos del Ejército y la Policía, y a cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político”, dice la Carta Magna, la cual no puede ser contrariada por ninguna otra ley del país.
Después de las denuncias por espionaje, tanto el Ejército como la Policía guardaron silencio sobre el asunto, pero luego los voceros de ambas instituciones negaron que se haya cometido tan grave delito.
“El Ejército de Nicaragua no hace ningún tipo de espionaje. La institución nuestra es muy respetuosa de los derechos humanos, en apego a lo que mandan las leyes de nuestro país”, manifestó el teniente coronel Marvin Ortega, de Relaciones Públicas del Ejército. Ortega aseguró que le están dando curso a la denuncia presentada por el periodista López.
Por su parte, el vocero de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, también negó que esa institución realice espionaje. “Hacemos el trabajo que nos corresponde como Policía”, dijo Borge.
El experto en temas policiales, Francisco Bautista Lara, explica que en Nicaragua no existe una policía política y que el espionaje político no está previsto en las normas de esa institución ni tampoco ha sido una práctica en la misma.
“Cuando se trata de hechos de delincuencia organizada, normalmente se recurre a métodos y técnicas que incluyen diversos mecanismos. La Policía está enfocada en la investigación criminal, el espionaje político no está previsto”, asegura Bautista Lara, quien no obstante es de la opinión de que “estas cosas se deberían de investigar por parte del Estado”.
“A veces creo que puede haber alguna paranoia, pero es importante atender esas quejas para discernir si es paranoia o hay algo concreto”, agregó el experto policial.
El jurista Alberto Novoa señala que lo grave del espionaje político es que atenta contra dos pilares fundamentales de la convivencia: la libertad y la seguridad, los cuales están protegidos por la Constitución Política. “Nadie puede oír nuestras llamadas. Esas interferencias son pruebas de ningún valor. No sé con qué propósitos lo hacen, tal vez solo intimidar, chantajear”, indicó Novoa, quien agregó que la única manera de que la Policía puede espiar sería mediante la orden de un juez, mientras que el Ejército debe velar por la soberanía del país pero no al margen de la ley.
“Es un signo de debilidad”
El activista pro derechos humanos, Gonzalo Carrión, considera que las denuncias por espionaje político en contra del actual Gobierno no le sorprenden, porque son acciones propias del sandinismo. “Solo se está evidenciando algo que estaba encubierto”, dice Carrión, quien destaca que los Estados, con la excusa de “razones de seguridad del Estado”, acostumbran a dar seguimiento a las personas. “Lo que quieren es meter en miedo a los ciudadanos”, alega.
En el caso de los periodistas que denunciaron, Carrión resalta que con el espionaje se estaría criminalizando la búsqueda de información. “Este Gobierno no cierra medios, pero los compra o los calla por miedo”, expresa. “Estas acciones dirigidas a un pueblo que lucha por su libertad son propias de un régimen dictatorial, que pretende reducir las libertades”, añade Carrión.
La comandante guerrillera Dora María Téllez aún recuerda la forma en que la dictadura de Somoza espiaba a los opositores y afirma que es básicamente lo mismo que está haciendo ahora el orteguismo, aunque probablemente con más técnica, con más personas contratadas y de manera más “descarada”.
“Lo hacen por una enorme debilidad, por más que compren encuestadores”, dice Téllez, refiriéndose a que el Gobierno no cuenta con el respaldo de la población. “En los ochenta (el espionaje) fue ineficaz a la hora de que hubo una elección limpia, por eso es que se roban las elecciones”, indicó la comandante guerrillera.
Varios intentos de espionaje
No es la primera vez que al Gobierno del presidente Daniel Ortega se le señala por espionaje. En el año 2010 Ortega envió a la Asamblea tres iniciativas de ley sobre defensa, seguridad y régimen jurídico de fronteras, las cuales fueron criticadas porque le permitiría labores de espionaje al mandatario.
En ese momento el experto en seguridad, Javier Meléndez, indicó que lo que menos interesaba a Ortega con esas propuestas de ley era prevenir al país de amenazas externas. “Lo que le interesa es controlar cada fibra institucional, pública y privada, para consolidar la hegemonía política y económica a cualquier precio”, aseveró Meléndez en ese instante.
A Ortega también se le criticó por el mismo motivo de espionaje, la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual según diversos sectores tenía muchas discrecionalidades. A la UAF se le cuestionaba la prerrogativa de que puede pedir información financiera a particulares y empresas, algo que según la oposición política podía ser usado como instrumento de persecución política. Finalmente la UAF quedó bajo la dirección de un militar de confianza de Ortega.
“Hay que recordar que el actual vice de Ortega (Omar Halleslevens) era jefe de Contrainteligencia militar del Ejército”, dice Dora María Téllez.
El Ejército y la Policía niegan rotundamente que se prestan a espiar a los opositores, pero las denuncias recientes han levantado los temores entre la población nicaragüense. Como dice Agustín Jarquín Anaya: “Lamentablemente, yo creo que aquí (en Nicaragua) se ha activado eso (espionaje)”.
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