El Gobierno de Costa Rica dictó recientemente un decreto, mediante el cual extiende el plazo para que los extranjeros indocumentados (y por lo tanto los nicaragüenses que se encuentran en esa situación), puedan regularizar su condición migratoria.
Según las autoridades costarricenses no se trata propiamente de una nueva amnistía migratoria. Es un recurso de excepción que bajo el actual gobierno se ha dictado ya tres veces, para ampliar la oportunidad de los indocumentados de arreglar sus papeles. Como sea, es un gesto generoso que merece el reconocimiento de los migrantes nicaragüenses indocumentados que serán favorecidos directamente, de sus familias en Nicaragua que reciben las remesas, y de toda la nación, incluyendo a los gobernantes, que se benefician de los migrantes.
En Costa Rica, según el último censo de población realizado el año 2011, viven legalmente alrededor de 287,000 nicaragüenses y se estima que muchísimos miles más se encuentran en situación de ilegalidad. Pero sean legales o ilegales, los migrantes nicaragüenses en Costa Rica generan un cuantioso ingreso para Nicaragua. Según el Banco Central de Nicaragua, solo en el primer trimestre del presente año el país recibió 521.6 millones de dólares en concepto de remesas familiares (lo cual significa un 5.5 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado), de las cuales el 22 por ciento provino de los migrantes nicaragüenses que viven y trabajan en Costa Rica.
De manera que para Nicaragua, es una buena noticia esa nueva medida migratoria tica que concede un plazo de diez meses para que los extranjeros que están en Costa Rica sin documentos legales, o con una visa de turista vencida, regularicen su situación migratoria. Para alcanzar este beneficio, los extranjeros indocumentados tendrán que demostrar que mantienen en Costa Rica una relación laboral por lo menos desde el 18 de septiembre del corriente año, cual es la fecha a partir de la cual comienza a tener vigencia la ampliación de la amnistía. Además, los beneficiados deben demostrar su nacionalidad y sus antecedentes penales, mediante certificados extendidos por las autoridades consulares de Nicaragua en Costa Rica. El plazo vencerá el 31 de julio del próximo año, de manera que a partir del primero de agosto de 2014 quienes permanezcan indocumentados tendrán que pagar una multa de cien dólares y los empleadores que tengan trabajadores sin documentos legales, pagarán igualmente las multas correspondientes.
Sin duda que Costa Rica también se favorece con la inmigración nicaragüense. Un beneficio específico en este caso será el aumento de cotizantes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que le permitirá aliviar su estado financiero que es tan frágil como los de todos los sistemas de seguridad social del mundo actual. Pero los principales beneficiados serán los extranjeros indocumentados, en particular los nicaragüenses, quienes podrán acogerse a una medida migratoria “que busca fomentar la justicia social y la solidaridad laboral, toda vez que con ella los trabajadores migrantes estarán amparados por las mismas garantías sociales que por ley cubren a los trabajadores costarricenses”, según la valoración del viceministro de Gobernación y Policía de Costa Rica, el señor Freddy Montero.
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