Humberto Galo y Lucydalia Baca
A pesar de la insinuación de sindicalistas pro Gobierno de que será a través del reglamento de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842) que se definirá la “correcta” aplicación de los artículos referidos al cobro de los precios en dólares en el menú y el pago de la propina, especialistas en derechos de los consumidores sostienen que esto generaría un conflicto legal.
Según Jorge Rooseess, abogado y especialista en derechos de los consumidores, le resulta “extraño” el hecho que la Presidencia de la República haya emitido el fin de semana pasado una comunicación oficial prorrogando la aplicación de esos artículos.
“La propina ya está regulada por la legislación nicaragüense. Lo que pasa es que esta regulación sobre la propina no fue difundida de manera adecuada”, sostiene Rooseess.
El numeral 3 del artículo 10 de la nueva Ley 842 —referido a las prohibiciones para las personas proveedoras— rechaza “incluir propina en el precio y en el cálculo de la factura o cualquier alusión a la misma, dejando a criterio de las personas consumidoras pagar o no la propina, siendo esta última voluntaria”.
Esta ley deroga el literal h de la Ley 495 (Ley General de Turismo), que también lo prohíbe, así como el numeral 9 del reglamento a esa misma ley, que establece lo mismo. Sin embargo, no deroga otras legislaciones que también rechazan el cobro de propina en las facturas o en precios de los productos, como son la Ley de Concertación Tributaria —que entró en vigencia el 1 de enero pasado— y el Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones .
Esto significa que si la Ley 842 fuera modificada a través del reglamento, también afectaría las disposiciones sobre la propina en la Ley 485, no así en las otras dos leyes que prohíben ese cobro. Esto provocaría un serio choque legal en el país.
NEGOCIAN REGLAMENTO
No obstante, representantes de los trabajadores del sector servicio y el sector empresarial mantienen conversaciones con el Gobierno en lo concerniente a la promulgación del reglamento de la Ley 842.
Durante su comparecencia semanal, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), manifestó que “se está avanzando de manera clara alrededor de estos planteamientos con los diferentes esquemas de negociación que tenemos alrededor del reglamento y que esto nos permita asegurar que la ley entre en vigencia ya con un reglamento de consenso”.
Al ser cuestionado sobre el hecho de que el reglamento no puede modificar lo dispuesto en la legislación, Aguerri manifestó que con las pláticas se busca “aclarar las interpretaciones administrativas a la ley”.
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