En la reunión que los directivos de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham) y el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), sostuvieron el viernes 27 de septiembre con Daniel Ortega, este les prometió que en el último trimestre de este año, o en el primero del siguiente, serán nombrados los cargos en el Estado que son detentados por funcionarios con periodos vencidos.
De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución esos funcionarios deben ser nombrados por la Asamblea Nacional. Sin embargo, después que se les vencieron sus periodos han seguido ejerciendo los cargos de manera ilegítima, por decreto de Daniel Ortega, quien no tiene facultad legal para mandar eso. Por eso es que siempre que nos referimos a ellos los calificamos como funcionarios de facto, pues son impuestos por la voluntad dictatorial del inconstitucional presidente de Nicaragua.
Las cámaras empresariales han venido reclamando —públicamente y en sus reuniones con Ortega— que se nombre a los nuevos funcionarios, o que se reelija a los mismos que en la actualidad están de facto en el ejercicio de esos cargos, a fin de restablecer la institucionalidad política en el país. Sin embargo, Ortega no había respondido a esa demanda de los empresarios simplemente por su talante dictatorial, pues desde el fraude electoral de noviembre de 2011 se adjudicó una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, la cual le permite ratificar a los individuos que están ejerciendo de facto los cargos, o nombrar a otros que también sean de su confianza absoluta y obediencia garantizada.
En realidad, el nombramiento de esos cargos a medida de los intereses de Ortega no restablecería la institucionalidad democrática del país, socavada desde que él se entronizó en el poder en 2007. De esa manera solo se institucionalizaría formalmente el orteguismo, un régimen que es esencialmente dictatorial pero simula ser democrático y es aceptado como tal por algunos sectores de la sociedad nicaragüense, lo mismo que por una comunidad internacional que ha perdido rigor en la identificación de la democracia gubernamental.
Para que se pueda restablecer la institucionalidad democrática es indispensable recuperar la vigencia del principio de separación e independencia de poderes, así como la administración de justicia independiente, la igualdad jurídica y de oportunidades para todos los nicaragüenses, las elecciones libres y limpias con observación independiente nacional y extranjera, la independencia institucional de la Policía y el fortalecimiento del Ejército, la transparencia gubernamental y el respeto a la ley de acceso a la información pública, el reconocimiento a la sociedad civil, etc., etc.
La institucionalidad democrática no se restablece reeligiendo a los actuales funcionarios para que dejen de ser de facto, ni sustituyéndolos con otros de su misma calaña, ni dándole a la oposición política una mínima representación proporcional a la correlación parlamentaria que Ortega creó mediante el fraude electoral de noviembre de 2011, ni sustituyendo a la oposición política con las cámaras empresariales para que estas propongan a los cargos que sean “representantes de minoría”.
Mientras Daniel Ortega detente el poder y el régimen orteguista no caiga en una crisis insalvable, no hay posibilidad de que se restablezca la institucionalidad democrática y que Nicaragua vuelva a ser República.
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