El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Sócrates Sándigo, expresó públicamente la preocupación de la Iglesia católica ante la reforma de la Ley de Concertación Tributaria, en el numeral seis de su artículo 32, que al parecer será aprobada próximamente para gravar todas las donaciones externas a iglesias y organizaciones de la sociedad civil que no estén enmarcadas en acuerdos con el Gobierno.
Las organizaciones de la sociedad civil también han expresado esa preocupación, además de su protesta contra esa pretendida reforma tributaria que sería restrictiva del derecho de las entidades cívicas a recibir libremente recursos externos para financiar sus actividades de interés social que, igual que las acciones caritativas de la Iglesia católica, no tienen fines de lucro.
Según representantes de las organizaciones de la sociedad civil que son críticas de las políticas gubernamentales, el objetivo final de esa reforma es liquidarlas por falta de recursos económicos, ya que el Gobierno las excluye de sus acuerdos con los donantes e incluso presiona a estos para que no los financien.
A este respecto ha sido muy ilustrativa la denuncia pública que hizo en abril del corriente año Zoilamérica Ortega Murillo, directora del Centro de Estudios Internacionales (CEI), de que el gobierno de Noruega por presiones del régimen orteguista suspendió el financiamiento de sus actividades orientadas a la defensa de la diversidad sexual. Es probable que esa represalia contra el CEI haya sido consecuencia de la acusación judicial que Zoilamérica presentó en 1998 contra su poderoso padre adoptivo, por abusos y violaciones sexuales, pero también fue una clara muestra de la estrategia gubernamental que se está aplicando para ahogar económicamente a las ONG independientes, con el fin de liquidarlas por esa vía sin tener que pagar el costo de cancelarlas directamente.
Ahora bien, volviendo a la reforma fiscal que se está tramando para gravar las donaciones externas que pudieran recibir la Iglesia y las ONG al margen de acuerdos con el Gobierno, hay que reconocer que en Nicaragua todos o casi todos los gobiernos han utilizado los mecanismos recaudatorios de impuestos, como armas represivas. Pero el peor de todos ha sido el de Daniel Ortega, por el agravante de su índole autoritaria e intolerante. Se conoce que el régimen orteguista no solo utiliza los instrumentos fiscales para reprimir a sus adversarios definidos (a los que cataloga como enemigos), sino también para intimidar a empresarios y profesionales que no son del entorno oficialista ni medran a su alrededor, sobre todo si han sido críticos del Gobierno.
Sin duda que Nicaragua, como cualquier otro país, necesita un eficiente sistema de recaudación tributaria. Eso no se discute. Pero eficiencia no significa arbitrariedad y mucho menos usar los mecanismos fiscales como instrumentos de represión política y castigo social.
En un Estado democrático, la política fiscal se debe inspirar en el espíritu de justicia tributaria y respetar los derechos de los ciudadanos. Si bien el Estado debe recaudar impuestos para poder financiarse, sin embargo tiene la obligación de hacerlo sin excesos y de no usar la tributación para reprimir a opositores o silenciar la crítica. Y es inaceptable que se castigue con impuestos arbitrarios, a organismos que captan fondos externos para realizar actividades de interés público y sin fines de lucro.
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