Con una votación de 285 votos contra 272, o sea por una estrecha diferencia de 13, el Parlamento Británico rechazó el jueves de esta semana la solicitud del primer ministro, el conservador David Cameron, de participar en una operación militar internacional de castigo al régimen de Bashar al Asad, en Siria, por usar armas químicas contra su propia población. Cameron aceptó de inmediato la decisión del Parlamento, pero declaró que volverá a solicitar su autorización para participar en la operación bélica contra Siria, si los resultados de una investigación de las Naciones Unidas demuestran que el gobierno de Al Asad usó armas químicas contra el pueblo sirio.
La negativa del Parlamento Británico a autorizar la participación del Reino Unido en la operación de castigo contra Al Asad, ha sido calificada por el universo izquierdista como una severa derrota del “imperialismo” y un gran triunfo del régimen sirio, que es apoyado por todos los regímenes autoritarios del mundo.
Sin embargo, lo verdaderamente significativo de esa votación del Parlamento Británico y su inmediato acatamiento por el primer ministro Cameron, ha sido en realidad la demostración ejemplar de cómo funciona una verdadera democracia y su inmensa superioridad política y moral sobre los sistemas autoritarios —como el de Nicaragua—, donde el gobernante impone siempre su voluntad personal e incluso su capricho.
En una auténtica democracia, como la británica, el jefe del Gobierno tiene las facultades necesarias para tomar decisiones pero es limitado por la ley y por la decisión de los otros poderes del Estado; sobre todo por el Parlamento, que funciona de manera independiente aunque la mayoría de los parlamentarios pertenezcan al partido del gobernante, y por lo tanto ejerce un efectivo control sobre el Gobierno y previene sus posibles excesos.
Ahora bien, a pesar de esa decisión del Parlamento Británico no ha desaparecido la posibilidad de castigar al régimen genocida de Siria como lo merece. Esto quedará claro cuando la comisión de expertos de la ONU que concluye hoy sus investigaciones en Siria sobre si Bashar al Asad ha usado o no las armas químicas contra su pueblo, presente su informe que primero será preliminar y verbal, al secretario general Ban Ki-moon, e inmediatamente después por escrito y de manera oficial.
La ONU, como se sabe, está integrada por gobiernos que en su mayoría no son democráticos, como por ejemplo Nicaragua y la misma Siria. Sin embargo, hay esperanza de que la comisión de expertos encabezada por el sueco Ake Sellstrom, jefe de la oficina de la ONU para la investigación de las armas químicas, presente una información veraz de los hechos investigados.
Si el informe confirma que el régimen sirio de Bashar Al Asad ha usado armas químicas contra su pueblo, los gobiernos que tienen capacidad para hacerlo no deberían vacilar en castigarlo. Como han dicho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el Presidente de Francia, Francois Holande, y el mismo premier británico, David Cameron, esta es una obligación moral y legítima de la comunidad democrática internacional. La cual está debidamente fundamentada en el principio de la “responsabilidad de protección” a los pueblos víctimas de genocidio y crímenes de guerra, acogido por las Naciones Unidas en su Cumbre Mundial del año 2005.
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