Entre las múltiples propuestas que se han mencionado públicamente para la reforma del INSS, a fin de salvarlo de la quiebra, algunas parecen razonables y viables pero también hay otras que más bien podrían empeorar la situación.
Sin duda que es positivo que haya diversas propuestas para la reforma del Seguro Social y que sean debatidas públicamente. Se trata de un asunto que concierne directamente a los trabajadores asegurados y sus beneficiarios, sobre todo que tiene que ver con el derecho al retiro de la vida laboral con una pensión digna y justa, y por lo tanto, esta reforma debe ser ampliamente debatida de antemano y resuelta de manera transparente.
Algunas de las reformas que se proponen pueden ser aplicables de inmediato pero otras solo podrían tener eficacia bajo un gobierno genuinamente democrático, no con el actual. Y también hay alguna propuesta que resulta inaceptable porque terminaría de arruinar al Seguro Social en vez de ayudar a rescatarlo. Nos referimos específicamente a la propuesta de los sindicalistas de que se aumente la contribución al Seguro Social solo a la parte patronal o empresarial. Con una reforma de ese tipo se incrementarían los costos de producción y operación de las empresas y se reduciría su capacidad competitiva, se desalentarían las inversiones extranjeras y se revertiría el modesto ritmo de crecimiento de la economía nacional.
En cambio, no cabe duda de que sería muy provechosa la reforma de que el presidente ejecutivo y los miembros del consejo directivo del INSS, sean nombrados por la Asamblea Nacional, así como racionalizar el gasto administrativo del Seguro Social que en la actualidad es desmesurado por el clientelismo político y la corrupción gubernamental. En principio esta propuesta apunta a que el INSS sea realmente autónomo y deje de funcionar como dependencia y caja chica o grande del gobierno central. Sin embargo, tal reforma solo podría ser aplicable cuando hubiera un gobierno respetuoso de la institucionalidad democrática y de la independencia de poderes. Con una Asamblea Nacional como la que existe ahora, en la cual casi dos tercios de los diputados obedecen ciegamente al FSLN, las autoridades del INSS que sean nombrados por ellos serían de todas manera los mismos que quiera y designe Daniel Ortega.
También es válida pero seguramente inaceptable para el Gobierno, la propuesta de recuperar la multimillonaria deuda del Estado con el Seguro Social, después de muchos años de no pagar la cotización estatal y de invertir cuantiosos fondos del INSS con destino incierto, para favorecer negocios particulares de personas estrechamente ligadas al gobierno de turno.
La propuesta de reforma al Seguro Social en la que coinciden prácticamente todos, es la de ampliar agresivamente la afiliación laboral al Seguro Social, que según los expertos cubre solo al veinte por ciento de la población económicamente activa del país, mientras en el vecino Costa Rica alcanza al setenta por ciento. Sin embargo, si fuera aceptada la propuesta de los sindicalistas de incrementar la cuota de contribución solo a la parte empresarial, no se podría alentar la mayor afiliación al INSS sino que más bien sería desmotivada.
De todas maneras, para que la reforma del Seguro Social sea efectiva tiene que ser integral y democrática, no parcial ni cosmética y mucho menos regresiva.
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