En el curso de su visita de emergencia al Triángulo Minero por el alarmante aumento de la criminalidad en esa región del país, la directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera Sacasa, destituyó o cambió a los jefes policiales locales atendiendo las denuncias y quejas que de manera directa le expusieron los ciudadanos.
Es encomiable que la jefa de la Policía proceda de esa manera, drástica e inmediata, ante las denuncias de la población que sufre el rigor de la criminalidad en aquella zona que algunas autoridades califican como “tierra de nadie”. Pero así como es justo reconocer y elogiar las decisiones de la directora de la Policía en relación con el Triángulo Minero, también tenemos que lamentar —y criticar— que no haya procedido con la misma prontitud y energía en otras situaciones sumamente graves que han conllevado violaciones brutales a los derechos humanos. Tal es el caso, por ejemplo, de la denuncia de las mujeres de Nueva Guinea que aseguran haber sido víctimas de abusos, incluso lascivos, por parte de los policías que las encarcelaron por participar en protestas cívicas contra el fraude electoral en las pasadas elecciones municipales.
Tampoco han reaccionado con la misma eficiencia que en el Triángulo Minero, ni la jefa de la Policía Nacional ni esta como institución de seguridad y servicio público, ante otras denuncias graves que cuando menos ameritan una investigación policial. Nos referimos particularmente a la denuncia de los jóvenes que en la madrugada del 22 de junio pasado fueron agredidos por turbas oficialistas, en las inmediaciones del edificio del Seguro Social y de la rotonda de Plaza Inter, mientras participaban en una vigilia de solidaridad con los adultos mayores que reclamaban el pago de su pensión reducida. Según la denuncia de las víctimas de aquella agresión, los policías que vigilaban el lugar no solo no quisieron protegerlos, como es su obligación legal y moral, sino que más bien ayudaron a los matones del partido gobernante a cometer su agresión y a robarles sus vehículos, aparatos electrónicos y otras propiedades personales.
La carta que una de las víctimas de esa agresión, la señorita Luciana Fernanda Chamorro Elizondo, envió el 11 de julio pasado a la primera comisionada Granera Sacasa, dándole a conocer los espeluznantes detalles de la agresión en la madrugada del 22 de junio, merecía al menos una respuesta de la alta funcionaria de seguridad pública, lo mismo que una investigación interna de los hechos denunciados, ya que según la jefa policial el caso está en manos de la Fiscalía. Pero no hubo ni una ni otra.
En relación con esta y otras denuncias públicas, acerca de que agentes policiales han ayudado a miembros del partido oficialista a agredir a ciudadanos que protestan cívicamente contra el gobierno, cabe señalar que en el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional se tipifica como “infracción muy grave”, el “prestar colaboración a organizaciones políticas o sindicales, de manera tal, que comprometan la credibilidad de la institución”.
Ese Reglamento fue promulgado el 20 de noviembre de 1996, durante el gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro y no conocemos que haya sido cambiado ni derogado. ¿Será entonces que ahora, bajo el régimen no democrático de Daniel Ortega, ya no importa comprometer la credibilidad de la Policía cuando se trata de reprimir a los ciudadanos por motivos políticos?
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