Wendy Álvarez y Rezaye Álvarez
La negativa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a dar respuesta a miles de ancianos que demandan una pensión reducida no es por disponibilidad de recursos, sino por falta de transparencia en el manejo de las finanzas y rendición de cuenta, coincidieron ayer expertos.
La situación empeora, añaden, por la falta de voluntad política del Gobierno de buscar una solución integral a la exigencia de los ancianos mediante una revisión y un ajuste de las finanzas públicas. Esto contradice lo afirmado ayer por el presidente del INSS, Roberto López, quien aseguró que, de pagar esa pensión reducida a unas 54,872 personas que tienen entre 250 y 749 semanas cotizadas, se generaría un déficit de 2,354 millones de córdobas anuales, lo que pondría en riesgo las finanzas de esta entidad.
López también manifestó que “aquí no hay tal sistema de ahorro ni lo va a haber” y señaló que lo existente es “una gran solidaridad de los trabajadores con los pensionados y son los trabajadores los que aportan para pagar las pensiones”. No obstante, afirmó que “vamos a seguir pagando los bonos solidarios con los fondos del Alba”, que supuestamente llega a unos 8,000 ancianos.
Para el economista José Luis Medal y el sociólogo Cirilo Otero existen dos factores que impiden dar una respuesta efectiva a los adultos mayores y restan credibilidad a las afirmaciones de López: la ineficiencia del INSS y el desconocimiento de los resultados de las auditorías que se han realizado sobre las finanzas del Seguro Social.
Ineficiencia, según Medal, porque es inaudito que de una Población Económicamente Activa (PEA) de tres millones de personas, solo 674,000 estén aseguradas.
Carente de transparencia porque hasta la fecha se desconoce la situación financiera real del INSS y los rendimientos que han dejado las inversiones que ha hecho esta entidad en los últimos años.
La falta de voluntad obedece, según Medal, a que el Gobierno bien podría hacer una “revisión integral” de las finanzas públicas, incluidas las pensiones especiales que se otorgan a altos exfuncionarios de gobierno y magistrados para conseguir el monto que se requiere para la pensión reducida.
“El señor Roberto López debe poner en Internet los estudios completos de la reforma al Seguro Social. Ese supuesto censo debería estar en Internet. Es decir, para discutir este tema con seriedad se requiere actuar con seriedad. Eso requiere poner todas las cifras sobre la mesa ante una comisión nacional que tenga acceso a toda la información”, dijo Medal.
Los datos del supuesto censo realizado por el INSS tampoco convencen al experto en materia de seguridad social, Manuel Israel Ruiz, quien señala que según sus cálculos son unos 15,000 adultos mayores que requerirían del pago de una pensión reducida por el orden de 1,700 córdobas mensuales cada uno.
Eso significaría que cada mes se necesitarían unos 25.5 millones de córdobas para cubrir el total de esa demanda, es decir alrededor de 12 millones de dólares anuales.
Según las estimaciones de Ruiz, esto representa apenas el trece por ciento de los más de 94 millones de dólares anuales que, según López, se necesitan para cubrir la demanda de las más de 54,000 personas con pensiones de este tipo.
En ese sentido, Otero teme que el Gobierno esté inflando el número de personas con pensiones reducidas precisamente para no dar respuesta a las reivindicaciones de los ancianos.
Ruiz, por su parte, estima que en promedio los 15,000 adultos mayores con ese tipo de pensión tendrían una esperanza de vida de 10 años, lo que implicaría conseguir un fondo de 120 millones de dólares para esa década.
El presidente del INSS, por su parte, extiende ese periodo de vida a 20 años.
DESPUÉS DE SOMOZA, FSLN ACELERÓ EL FIN DEL INSS
En un intento por deslindar responsabilidades y, aunque ya han pasado 34 años desde que el mismo FSLN derrocó a la dictadura de los Somoza, López culpó al asesinado dictador Anastasio Somoza Debayle de haberse robado las reservas del INSS y no dejar dinero para responder a la demanda de la UNAM.
Según un artículo de opinión publicado en LA PRENSA, los días 23 y 24 de mayo de 1992, por el presidente del INSS durante la administración de los años noventa, Simeón Rizo Castellón, tras la caída de la dictadura de Somoza, el estado financiero del INSS indicaba que este iba a “expirar” en 30 años, pero el FSLN aceleró la agonía y acortó ese periodo a 10 años.
Según Rizo, la devaluación monetaria aplicada por el FSLN “descapitalizó automáticamente al Seguro Social y obligó a las famosas 34 revalorizaciones de pensiones, que en el mejor de los casos fue una mínima compensación de la inflación”. El INSS no se salvó de “La Piñata” porque, a través de las leyes 85 y 86, los bienes de este fueron comprados de forma “fraudulenta, con contratos simulados, alquileres ficticios”.
Además, añade, si bien en 1988 habían 321,934 cotizantes, “la inyección de dinero fresco y la falta de compromisos inmediatos hizo que se gastara el dinero sin previsiones”. Tampoco se realizaron los estudios “actuariales que ordenaba la ley y no se llevó la contabilidad adecuada”.
También “en forma populista e irresponsable de repartir lo que no se tiene, se disminuyó el periodo de calificación necesario para el otorgamiento de pensiones de vejez, de los 15 años de cotización obligatoria se pasó a cinco años. Y de tres años para una pensión de invalidez a solo un año”.
De hecho, de las casi tres décadas y media que han pasado desde la caída de la dictadura de los Somoza, al menos durante 17 años las finanzas del Seguro han estado en manos de la actual administración, 10 años durante los ochenta y casi siete años de 2007 a la fecha.
Durante este último periodo, los fondos de los cotizantes han sido manejados de forma discrecional y han sido utilizados, según investigaciones periodísticas, para financiar proyectos de empresas vinculadas con el gobierno sandinista y hasta ahora se desconocen los rendimientos de estos préstamos que promedian los 82.06 millones de dólares entre 2008 y 2010.
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