La presentación e inminente aprobación del paquete de reformas energéticas propuesto por Daniel Ortega para favorecer a la nueva empresa distribuidora de electricidad, en la que la familia presidencial tiene un interés particular, ha motivado un intenso debate público sobre el efecto dañino que tendrán para los usuarios y hasta se ha mencionado que lo mejor sería volver a nacionalizar la industria eléctrica.
Cabe recordar que antes de la revolución sandinista de 1979 (o sea durante la época somocista), la industria eléctrica estaba a cargo de la estatal Empresa Nacional de Luz y Fuerza (Enaluf), la cual en general funcionaba de manera eficiente y las protestas de los usuarios no eran tan generalizadas y fuertes como son ahora.
Pero en aquella época Nicaragua tenía poca población, el Estado era pequeño, las empresas públicas se gestionaban con sentido empresarial y los usuarios, en el caso del servicio eléctrico, no eran tantos como en la actualidad. Inclusive, la corrupción gubernamental que había en el somocismo era menor que la que hay en el régimen orteguista de la actualidad, en el cual, la discrecionalidad, la arbitrariedad y la falta de transparencia son características predominantes de prácticamente todas las entidades estatales.
En principio es indiferente que la empresa de servicio eléctrico sea estatal o privada. Lo importante es que brinde un servicio de calidad, eficiente, oportuno, honrado y barato, o lo menos caro que sea posible. Sin embargo, las personas que prefieren preservar la integridad de las libertades individuales optan por la propiedad privada, también de las empresas de servicio público que puedan ser rentables, mientras que quienes anteponen el poder del Estado sobre los individuos, propugnan por la propiedad estatal, sobre todo en las empresas de servicio público y en otras áreas que son calificadas como “estratégicas”.
Lo cierto es que en la realidad del mundo actual no hay sistemas económicos ni modelos empresariales y administrativos químicamente puros. Tanto la empresa privada como la estatal pueden ser eficientes o ineficientes, de acuerdo con los procedimientos con que sean administradas y según la calidad profesional y ética de sus operadores. Pero en términos generales está demostrada y es indiscutible la superioridad de la empresa privada con respecto a la empresa estatal, sobre todo porque esta de manera invariable es carcomida por el burocratismo, la ineficiencia y la corrupción. Acerca de esto se puede recordar las penosas experiencias de la época sandinista, cuando se produjo la nacionalización de las empresas de servicios públicos y se estatizó la economía.
Cualquiera se puede imaginar con facilidad qué pasaría con la industria de generación y distribución de energía eléctrica en Nicaragua, si fuera nacionalizada o estatizada como quieren algunos. No serían administradas con criterios empresariales, se inflarían las planillas con empleados fantasmas, camaradas y clientes del partido oficial, serían minadas por la corrupción, se degradaría la calidad del servicio, los usuarios no tendrían dónde quejarse y las tarifas de todas maneras serían incrementadas continuamente.
Y entonces muchos de los que ahora creen que la nacionalización del servicio eléctrico es la solución del problema, volverían a abogar por su privatización.
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