Esta fue la consigna de los periodistas que el miércoles pasado protestaron ante la Corte Suprema de Justicia, por la agresión que sufrió el viernes 24 de mayo el equipo de LA PRENSA integrado por la periodista Martha Vázquez y el reportero gráfico Manuel Esquivel, en el Complejo Judicial de Managua; protesta en la cual también se exigió respeto al derecho y la libertad de información.
Por supuesto que el lema de la protesta, “Somos periodistas, no activistas políticos”, que pregonaron periodistas de LA PRENSA, el Periódico Hoy y otros medios independientes, así como comunicadores por cuenta propia, miembros de asociaciones gremiales de periodistas, activistas de organismos cívicos y defensores de los derechos humanos, no significa que a los activistas políticos sí se les puede agredir por manifestarse públicamente, como ha hecho el actual gobierno de Daniel Ortega en algunos casos con mortales consecuencias, como sucedió en El Carrizo y Ciudad Darío.
No solo los periodistas, sino también los activistas políticos y de organismos cívicos, los creyentes religiosos y miembros de movimientos sociales alternativos, no deben ser agredidos por ejercer sus derechos, ya sean profesionales o políticos, cívicos o socioeconómicos; los cuales están debidamente garantizados en la Constitución y protegidos por las declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos.
El lema “Somos periodistas, no activistas políticos” fue necesario y oportuno en la protesta del miércoles pasado, porque el vocero del poder judicial, Roberto Larios, pretendió justificar la agresión contra el equipo de LA PRENSA con la acusación —o más bien con el infundio— de que la periodista Martha Vázquez llegó al Complejo Judicial acompañada de miembros del partido MRS, y que actuó “con malicia” al ser la única periodista que se presentó para cubrir la introducción de la demanda de la señora Zoilamérica Ortega Murillo contra la Embajada de Noruega, por supuesto incumplimiento de contrato.
Pero lo dicho por el vocero del poder judicial no solo es absolutamente falso sino también carente de inteligencia. El equipo de LA PRENSA llegó al Complejo Judicial para cumplir su labor profesional, sin acompañantes políticos ni de ninguna otra clase, después de conocer en exclusiva que la señora Ortega Murillo iría a presentar su denuncia. Además, lo que dijo el funcionario público Larios es una barbaridad fascista, ya que asegura o insinúa que los periodistas que cubren actividades políticas callejeras, pueden o deben ser reprimidos por encontrarse en el lugar de los hechos en “compañía” de activistas políticos.
También la magistrada y presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos, justificó de hecho la agresión contra Manuel Esquivel al decir que este no sufrió ninguna agresión en el Complejo Judicial, sino que se tiró al suelo para hacer “el show”. Es evidente que la magistrada de facto y su subordinado Larios, por su alineación política no entienden que el verdadero periodista, para informar correctamente y dar testimonio de la realidad no puede ser servil del poder y más bien debe cuestionar los actos gubernamentales cuando es necesario hacerlo. Y que los periodistas independientes no piden ningún privilegio ni derechos que no estén consignados en la Constitución y en la Ley; solo exigen respeto a su derecho de informar en libertad y con seguridad.
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