La oposición venezolana desconvocó las manifestaciones callejeras, a las que había llamado el lunes para rechazar el fraude electoral del domingo pasado, a fin de evitar el baño de sangre que evidentemente la feroz dictadura chavista estaba dispuesta a realizar. Sin embargo la oposición mantiene su demanda de que se debe hacer un recuento total de las papeletas que respaldan los votos electrónicos.
Esta demanda es legítima y es lo menos que puede exigir una oposición que alega haber sido despojada de los votos suficientes para invertir el resultado oficial, y que además dice tener pruebas para demostrarlo. Si Nicolás Maduro está seguro de haber ganado limpiamente, no debería temer un recuento de papeletas, lo cual sería excepcional pero es indispensable para que el país recupere la tranquilidad y el nuevo gobierno tenga legitimidad.
Henrique Capriles y su comité de campaña han denunciado más de tres mil incidentes o irregularidades, que afectaron por lo menos un millón de votos. Aseguran que al menos 535 máquinas de votación fueron dañadas en forma sospechosa, lo cual habría afectado otros 200 mil votos. Además, se ha denunciado que antes de las votaciones del domingo pasado el chavismo creó un colchón de votos de respaldo equivalente al 10 por ciento del padrón electoral, lo cual se debe investigar, porque de ser cierto la elección la habría ganado Capriles con más o menos ocho y medio por ciento de ventaja sobre Maduro.
Las protestas de la oposición no siempre logran revertir un fraude electoral, hacer que resplandezca la verdad y que se respete la voluntad popular. Pero a veces sí lo consiguen. Al respecto se puede recordar la experiencia de Filipinas, en 1986, cuando la candidata opositora Corazón Aquino triunfó en las urnas electorales pero el dictador Ferdinand Marcos se declaró ganador mediante un fraude electoral. En aquella ocasión las protestas populares obligaron a Marcos a huir del país y la señora Aquino pudo tomar el poder tal como mandó la mayoría del pueblo con sus votos.
Otro ejemplo es el de Ucrania, en 2004, cuando el candidato presidencial oficialista Viktor Yanukovich pretendió imponerse mediante el fraude electoral, pero las protestas populares denominadas “revolución naranja” obligaron al Gobierno a repetir la elección y a reconocer el triunfo del candidato opositor, Viktor Yushenko.
Como caso contrario, o sea de protestas populares que no lograron revertir los fraudes electorales, se puede mencionar el de Irán en 2009, cuando Mahmud Ahmadineyad se hizo reelegir de manera fraudulenta. La oposición se lanzó a las calles para rechazar el fraude pero las protestas fueron aplastadas de manera cruel y sangrienta y Ahmadineyad se quedó en el poder hasta ahora.
Algo parecido ocurrió en Rusia, el año pasado, cuando Vladimir Putin se impuso para un tercer período presidencial en medio de graves acusaciones de fraude y fuertes protestas populares, las cuales fueron brutalmente reprimidas y no pudieron pasar a más.
Ahora, no se puede saber aún en qué quedará la protesta de la admirable oposición venezolana contra el fraude del domingo pasado. Pero en cualquier caso, lo que debe estar fuera de toda discusión es el derecho —y el deber— de la gente de protestar contra el fraude electoral, derecho que debe ser ejercido aunque no siempre se lleve las de ganar.
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