En nuestra edición de ayer, miércoles 10 de abril, publicamos el texto de los ocho artículos de la Constitución que viola de manera flagrante el Acuerdo Administrativo 005-2013 de Telcor, mediante el cual, este organismo del Estado pretende arrogarse la facultad de aprobar o rechazar los nombramientos de gerentes o directores de informática y seguridad, en las empresas privadas de telecomunicaciones.
En la misma nota informativa de LA PRENSA se reprodujo también la declaración del titular de Telcor, quien reconoce que ese acuerdo administrativo fue ordenado por Daniel Ortega, y alega que tiene derecho de intervenir en las empresas privadas de telecomunicaciones, porque —según dijo literalmente— “somos el Estado, dueños de las frecuencias”, o sea del espacio radioeléctrico de Nicaragua.
El funcionario orteguista a cargo de Telcor no especificó si con eso de que “somos el Estado” se refería a que él y Daniel Ortega son el Estado. O quizás se refería a que el Estado es el binomio matrimonial Ortega-Murillo, el cual concentra en sus manos todo el poder y lo ejerce de manera autoritaria.
En la historia política del mundo la figura más emblemática del absolutismo gobernante es el rey de la Francia del siglo XVII y el XVIII, Luis XIV, a quien se le atribuye la expresión “el Estado soy yo” . Ahora, según el director de Telcor, Daniel Ortega quiere ser igual que aquel rey francés absolutista, o sea que cree estar por encima del derecho ajeno y tener la potestad de gobernar como le venga en gana. Sin embargo, por mucho que le pese, Ortega está limitado por la norma constitucional y hay que obligarlo a respetarla .
En realidad, una de las grandes contradicciones del sistema político de Nicaragua, actualmente, es que el ordenamiento constitucional es democrático pero el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega es antidemocrático. Esto se ha advertido claramente con la reelección presidencial y la permanencia en el poder de Daniel Ortega, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe de manera expresa. O con el hecho de que por puro capricho autocrático, Ortega, mediante decreto ha mantenido en sus cargos a magistrados y otros altos funcionarios que por mandato constitucional tienen que ser elegidos por la Asamblea Nacional, los cuales además tienen sus períodos determinados por la misma Constitución Política de la República. También la norma constitucional democrática ha sido contrariada por el capricho dictatorial de Daniel Ortega, al no someter los nombramientos de ministros y embajadores a la confirmación parlamentaria, como manda la Constitución. Y ahora, la contradicción entre Constitución y gobierno se pone en evidencia con la intromisión de Telcor en decisiones que por derecho constitucional son competencia de las empresas privadas de telecomunicaciones.
Es falso que el espacio radioeléctrico sea propiedad del Estado, como dice el director de Telcor para justificar el abuso orteguista. El espacio radioeléctrico es un dominio público en el cual el Estado ejerce solo una función regulatoria de su uso, con base en el respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, y de libre empresa. Derechos esenciales que son inalienables e irrenunciables, pero que ahora están gravemente amenazados por el régimen de Daniel Ortega, quien por su compulsión dictatorial ha llegado a creer que el Estado es él, como lo creía el absolutista rey Luis XIV de Francia hace más de trescientos años.
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