El mecanismo de diálogo y consenso con el poder ejecutivo y el poder legislativo nos ha permitido fortalecer la institucionalidad económica de nuestro país y nos ha llevado a alcanzar logros en el orden económico, que hoy nos convierten en un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera.
El pasado 22 de marzo el director general de Telcor en forma “unilateral”, y por ende, sin mediar consenso técnico alguno con el sector privado, publicó el Acuerdo Administrativo 005-2013, en el que “ordena” a las Empresas Operadoras de Servicios de Telecomunicaciones, que “deberán someter a la aprobación de esta autoridad reguladora todo nombramiento de sus Directores, y/o Gerentes Generales, Directores y/o Gerentes o Jefes de Informática o de Sistemas y Directores y/o Jefes de Seguridad”.
El director de Telcor se atribuye esas funciones basadas en “atribuciones y facultades” que expone están sustentadas en la Constitución Política y en su propio marco regulatorio, así como en otras leyes que no tienen “vínculo” legal alguno con el tema.
El análisis jurídico realizado por nuestra institución, concluyó que este acuerdo es totalmente inconstitucional e ilegal. La primera gran violación que se advierte, es en el Principio de Reserva de Ley que establece la Constitución en sus Artos. 68 y 105, por el cual se comprende que solamente por ley se puede establecer la regulación de los medios de comunicación y los servicios de telecomunicaciones.
Al darse esa violación, se afecta en forma inmediata el Principio de Jerarquía normativa de la Constitución Política establecido en el Arto. 182, que dispone que no tienen valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.
Y además, se vulnera el Principio de Legalidad Constitucional, consignado en el Arto. 183, que establece que: “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.
Esos principios que son fundamentales para la seguridad jurídica empresarial, al inobservarse, también impactan y afectan derechos constitucionales de igual trascendencia para el sector privado, como lo son los establecidos en los Artículos 99 y 104, que regulan la libertad de empresa, que sustentan que la iniciativa económica es libre y que consignan, que el pleno ejercicio de las actividades económicas no tiene más limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.
Sin omitir, la violación expresa a los Derechos Individuales de los funcionarios de las empresas Operadoras de Servicios de Comunicaciones, establecidas en la Constitución Política en sus Artículos 25, 26, 27 y 82. Y además, las normas legales que rigen las sociedades y los contratos de trabajo, como es, el Código de Comercio y el del Trabajo.
Nuestra posición, respaldada por otras entidades gremiales empresariales, por los propios operadores, actores políticos y medios de comunicación, es que no se puede permitir de ninguna manera, so pretexto de “interés público”, que se “legisle” en contra de la libertad de empresa y se someta a las sociedades mercantiles a condicionamientos externos, por parte del Estado, ya que por Constitución y la Ley, son libres para nombrar a sus directores y/o gerentes generales y demás funcionarios principales.
Debemos precisar en este sentido, contrario a lo que pretende ordenar Telcor, que la Superintendencia de Bancos no aprueba los nombramientos de los principales funcionarios de las entidades bancarias, sino que simplemente verifica que estos cumplan con los requisitos de ley.
Es por lo anterior, que estaremos interponiendo los recursos que permitan revertir los alcances inconstitucionales y legales del Acuerdo Administrativo, por lo que esperamos una respuesta positiva del Gobierno para continuar fortaleciendo la institucionalidad económica de nuestro país a través del diálogo y el consenso. EL AUTOR ES PRESIDENTE DE COSEP
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