Tegucigalpa/ACAN-EFE
El Parlamento hondureño aprobó una reforma constitucional para instaurar el juicio político que permite enjuiciar y destituir a funcionarios del más alto rango, incluido el presidente, cuando exista una denuncia grave en el desempeño de su cargo.
Uno de los vicepresidentes del Parlamento, Marvin Ponce, dijo a Acan-Efe que la reforma se aprobó anoche en la primera discusión y prevén ratificarla en segundo y definitivo debate, por la vía de la mayoría calificada (dos terceras partes del pleno), en la cuarta legislatura que se instala el viernes próximo.
Los diputados hondureños aprobaron el juicio político con 112 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, indicó Ponce, parlamentario del minoritario Partido Unificación Democrática, de izquierda.
Además indicó que con la reforma, el Parlamento podrá «enjuiciar políticamente» al presidente de la República, vicepresidentes, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, alcaldes, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y otros funcionarios electos.
Ponce explicó que el juicio político procederá contra un funcionario cuando exista una denuncia de abuso de autoridad en el desempeño de su cargo, violación a la Constitución de la República y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.
Según la información oficial disponible, para destituir al presidente de la República se requiere el voto de 96 de los 128 diputados del Parlamento, mientras que en los demás casos se necesitan 86.
«Cuando la denuncia fuere contra el Presidente de la República, la tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados (96), en los demás casos será por dos tercios de la Cámara (86)», según el dictamen del Parlamento.
La medida busca «evitar crisis» como la que en 2009 depuso al entonces presidente Manuel Zelaya, tal como lo recomendó la Comisión de la Verdad en su informe presentado el 7 de julio de 2011, señaló Ponce.
Además, indicó que el juicio político pretende «corregir los errores que se han cometido después del golpe de Estado» contra Zelaya, quien fue derrocado cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución desoyendo prohibiciones legales.
El Parlamento hondureño destituyó en diciembre pasado a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional por declarar inconstitucionales unas pruebas orientadas a depurar la Policía Nacional.
Los destituidos son Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz, Gustavo Enrique Bustillo y José Antonio Gutiérrez, quienes ese mismo día fueron sustituidos por Silvia Trinidad Santos, Germán Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano.
Los destituidos están a la espera que una sala especial de lo Constitucional de la Corte Suprema admita un amparo con suspensión de la aprobación parlamentaria para lograr su restitución en los cargos.
