Han pasado 46 años desde el 22 de enero de 1967, cuando en Managua corrió la sangre de innumerables nicaragüenses —la cifra exacta nunca se pudo conocer—, que fueron ametrallados por la dictadura somocista por exigir elecciones libres y limpias para establecer un sistema de gobierno democrático.
Ese día se cerraba la campaña electoral de la Unión Nacional Opositora (UNO) para las elecciones del 5 de febrero siguiente. Pero no había ninguna garantía de que aquellos comicios pudieran ser limpios y confiables, de manera que la dirigencia de la oposición decidió demandar al Gobierno y los altos mandos militares, un diálogo para acordar la posposición de las elecciones mientras se hacían sustantivas reformas electorales que permitieran celebrar elecciones justas y limpias.
El plan de los líderes opositores era plantar en las calles a la multitud de ciudadanos que se habían concentrado ese día, hasta que las autoridades civiles y militares bajaran a dialogar. Y en caso contrario, iniciar una insurrección popular con la esperanza de que fuera respaldada por una parte de la Guardia Nacional.
Pero no hubo diálogo porque el dictador Somoza Debayle sabía que con elecciones libres perdería el poder. Además, ni un solo mando militar apoyó la intentona de rebelión popular que fue protagonizada por las pocas personas que habían podido conseguir algunas herrumbrosas pistolas, escopetas y rifles de cacería. Y así fue que la espantosa represión sangrienta del 22 de enero de 1967 cerró la última posibilidad de que hubieran en Nicaragua elecciones libres y limpias, como demandaba la oposición democrática, quedando solo el camino de la insurrección cívica o armada, para tumbar a la dictadura somocista.
A raíz de la masacre del 22 de enero, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue encarcelado una vez más por la dictadura. Y al salir de la cárcel, mes y medio después, el director de LA PRENSA publicó una serie de editoriales en los cuales analizó las causas y consecuencias de aquella tragedia, indicando las transformaciones —ante todo la celebración de elecciones limpias— que era necesario realizar para que no se volviera a derramar la sangre nicaragüense por motivos políticos.
En el primero de aquellos editoriales, publicado el 15 de marzo de 1967 y titulado “Antes de volver a empezar”, el doctor Chamorro Cardenal expresó: “El 22 de enero no fue un acontecimiento planeado como acto de subversión armada, pero resultó la expresión de valor más extraordinaria del pueblo nicaragüense en los últimos años”. Y agregó que aquella trágica experiencia debía “advertir a todos que la hora de hacer justicia ha llegado, y que en nuestro pueblo existe una decisión inquebrantable por lograr un nivel de vida democrática efectivo”.
Esa hora llegó en julio de 1979, cuando triunfó la insurrección armada, y volvió a llegar en febrero de 1990 con el triunfo de la insurrección cívica electoral. Pero por las traiciones de cabecillas políticos, uniformados y civiles, Nicaragua ha regresado una y otra vez al punto de partida, encontrándose ahora, de nuevo, en una situación muy parecida a la que había el 22 de enero de 1967. Es decir, demandando respeto a su derecho de tener elecciones libres y limpias y con la esperanza de reconquistar la democracia sin tener que volver a la violencia cruel y fratricida, que al fin y al cabo casi siempre resulta inútil.
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