De manera oficial se ha anunciado que este año se aprobará la reforma del Seguro Social, que afronta una profunda crisis y si no se le hacen cambios radicales podría colapsar a corto plazo.
En sus 56 años de historia, el Seguro Social de Nicaragua ha pasado por altos y bajos, sobre todo porque la mayor parte de los gobiernos han utilizado los fondos de seguridad social como recursos de caja chica, algunos inclusive para financiar negocios particulares de miembros de la cúpula gobernante. Paradójicamente, los que peor han manejado los fondos del Seguro Social han sido los gobiernos sandinistas, que han pretendido representar a los trabajadores y ser socialistas y solidarios. El régimen sandinista de los años ochenta incluso creó el denominado Sistema Nacional Único de Salud (SNUS) y suprimió la atención médica a los afiliados al Seguro, pero les siguió quitando las cotizaciones, y al final, cuando asumió el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, entregó la caja del Seguro Social completamente vacía.
Ahora se argumenta que el sistema de seguridad social de Nicaragua se ha agotado y que, por lo tanto, para poder seguir operando requiere con urgencia de una drástica reforma, la cual también es exigida como condición por los organismos financieros internacionales para seguir avalando la sanidad económica de Nicaragua.
Pero la reforma del Seguro propuesta por el Gobierno es draconiana, antiobrera y perjudicial para los afiliados a esa institución. Esa reforma apunta a subir el monto de los aportes de los trabajadores, duplicar de 750 a 1,500 las semanas de cotizaciones y subir de 60 a 65 años la edad requerida para tener derecho a la jubilación, aparte de que pretende reducir el porcentaje de sus salarios devengados que al jubilarse reciban los trabajadores.
Sin embargo no se dice nada de la deuda equivalente a unos 600 millones de dólares que el Estado tiene con el Seguro Social, cuya liquidación o amortización razonable y mediante el pago cumplido de las cotizaciones estatales, ayudaría a poner a flote las finanzas de la institución. El Gobierno paga cumplidamente sus obligaciones derivadas de la deuda pública interna y externa y sigue sangrando el Presupuesto nacional con el pago de las indemnizaciones por la piñata sandinista de la propiedad. De ese mismo modo debería pagar también la piñata de los fondos del Seguro Social. Esto tendría que ser el aspecto clave de la reforma al Seguro Social.
No obstante, de antemano se da como un hecho que la reforma contra los trabajadores propuesta por el Gobierno será aprobada sin mayores cambios, primero porque para estos casos el gobierno de Daniel Ortega tiene un buen mecanismo de entendimiento con la clase patronal, segundo porque el orteguismo controla de manera absoluta la Asamblea Nacional, y tercero porque la mayor parte de los sindicalistas están sometidos al poder gubernamental y los sindicatos independientes no tienen fuerza para defender eficazmente los derechos históricos y adquiridos de los trabajadores.
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