Autoridades de la Policía y del Gobierno, lo mismo que entidades de la sociedad civil, iglesias y organismos internacionales, están llamando la atención acerca de los elevados costos económicos de la accidentalidad vial que aumenta de manera incontenible.
Se estima que el Estado de Nicaragua gasta unos 73 millones de dólares cada año, en asistencia médica y hospitalaria para atender a las víctimas de los accidentes de tránsito. A esta gruesa suma hay que agregar los costos, que sin duda también son enormes, de la destrucción parcial o total del parque vehicular siniestrado.
La accidentalidad vial es propia de la vida moderna y está en crecimiento en el mundo entero. Sus daños humanos son tan graves que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha calificado como un problema de salud pública. O sea que debe ser encarado con la misma atención que las enfermedades epidémicas y endémicas, como el dengue hemorrágico o el sida.
Pero a nuestro juicio, el daño principal que causa la accidentalidad vial no es el económico, sino la pérdida de vidas humanas. El gasto del Estado por los accidentes viales es muy importante, sin duda, pero la pérdida causada por la corrupción pública es mucho mayor que los 73 millones de dólares anuales que gasta el Estado en asistencia médica y hospitalaria para las personas víctimas de los accidentes automovilísticos.
Además, la pérdida social por la corrupción no es solo la enorme cantidad de dinero que se embolsan los funcionarios corruptos. A eso hay que agregarle las pérdidas que causa el derroche gubernamental, el pago de nóminas llenas de funcionarios y empleados fantasmas, las coimas y sobornos de toda clase, los cuantiosos recursos que la sociedad deja de percibir por las trabas y los desalientos que la corrupción impone al comercio, el valor de las inversiones que se van hacia otras partes, y muchas otras afectaciones económicas indirectas más que provoca la corruptela gubernamental. Según estudios del Banco Mundial , la corrupción reduce el crecimiento en hasta el uno por ciento del Producto Interno Bruto, o PIB, lo cual es mucho para Nicaragua y cualquier otro país del mundo.
De manera que aunque el gasto estatal en atención médica y hospitalaria para las víctimas de los accidentes sea preocupante, lo más doloroso y alarmante es la pérdida de vidas humanas. Esto es lo que merece la mayor atención pública, de las autoridades, las instituciones sociales y las mismas personas, aunque solo sea para contener la hemorragia de muerte que causan los accidentes, ya que es imposible evitarlos.
En realidad, abundan las propuestas y recomendaciones para enfrentar el grave problema de la accidentalidad de tránsito. Basta insertar en un buscador de internet la pregunta de qué se debe hacer a fin de resolverlo, para encontrar de inmediato más de 600 mil respuestas diversas. Esto demuestra que todos —autoridades, organizaciones y personas naturales— sabemos qué se debe hacer. Pero no se hace y por eso el problema se torna cada vez más trágico y costoso.
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