En Nicaragua se logrará la democracia y el respeto a la ley el día que la clase media se decida a exigirlo. La experiencia enseña que la clase revolucionaria por excelencia no es la obrera ni la campesina, sino la clase media educada. Lo reconocía hace poco el historiador marxista británico Erick Hobsbawn: “Las movilizaciones de masas más efectivas hoy son las que empiezan en una clase media moderna y en particular en un cuerpo enorme de estudiantes. Son más efectivas en países en los que, demográficamente, los hombres y mujeres jóvenes son la mayor parte de la sociedad”.
La evidencia más reciente la proporciona la Primavera Árabe, protagonizada fundamentalmente por jóvenes conectados a través de las redes sociales.
Pero el fenómeno no es reciente. La revolución cubana de 1959 y la sandinista de 1979, para citar las más cercanas, triunfaron por la participación decidida y valiente de jóvenes de extracción media, en su mayoría salidos de las aulas universitarias —como los Castro, Che, Carlos Fonseca, Ortega, Borge, etc.— acompañados por otros procedentes de la alta burguesía.
Como levadura en la masa, estas minorías de idealistas desencadenaron un proceso de fermentación social que luego arrastró a segmentos más amplios de la población.
El problema en Nicaragua es que tras el inicio de la transición democrática en 1990, la participación política de la clase media se enfrió bastante. Tuvo un repunte durante las grandes marchas antipacto, en tiempos del presidente Bolaños, pero luego descendió hasta su punto más bajo.
Hoy muy pocos de ellos se apuntan para candidatos a puestos de elección popular —alcaldes, concejales o diputados— o para participar como fiscales o miembros de las diez mil y resto juntas de votación. Tampoco se ven muy prestos a movilizarse.
Esto no puede seguir así. El futuro del país y, de una forma muy especial, el de la propia clase media, depende en gran medida de su activismo en defensa de la democracia. Sin ella peligrarán la paz, la prosperidad y las oportunidades que tanto anhelan.
Como decía Humberto Ortega hace unos días: “Al poder en cualquier parte del mundo se le enfrenta no solo con ideas, se enfrenta con presión social en el marco de la no violencia habrá que ver con qué creatividad los jóvenes podrán presionar más si no hay presión el poder no reacciona como quisieran que reaccione”. Sin resistencia organizada nada detendrá la entronización de una dictadura familiar neosomocista.
Hay casi 170,000 universitarios. Más de medio millón de habitantes con algunos años de educación superior, incluyendo alrededor de 200,000 profesionales y técnicos medios. Medio millón con acceso a internet y las redes sociales y un buen porcentaje de ellos con vehículos. ¿No podrían sacarse de allí diez mil familias que apadrinen —supliendo fiscales, miembros y comidas— diez mil Juntas Receptoras de Votos? O así como el partido en el poder organiza sus Comités de Poder Ciudadano, ¿no podría la clase media opositora, con recursos muchos menores pero con voluntad, organizar diez o veinte mil Comités Defensores de la Democracia?
Este esfuerzo exige también el apoyo del sector privado. A la par de la “Responsabilidad Social Empresarial”, existe también una “Responsabilidad Empresarial Política”, vital para mejorar el entorno y asegurar un futuro más estable.
La democracia solo ha prevalecido en aquellos países donde los sectores dotados con más “talentos”, educación o recursos, han decidido invertir parte de ellos en defenderla.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
