Naciones Unidas/ALEPO/EFE/AFP
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Ban evocó que los expertos temen desde hace 18 meses la “radicalización, el extremismo y el terrorismo” así como una “guerra de poderes”. “Todas estas terribles previsiones se han confirmado”, sentenció.
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Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua fueron parte de los doce países que ayer votaron contra una resolución de condena al régimen sirio de Bashar al Asad en la Asamblea General de la ONU. La resolución fue aprobada por 133 países, incluidos la mayoría de latinoamericanos, y 31 abstenciones, incluido Ecuador.
El embajador de Cuba ante la ONU, Pedro Núñez Mosquera, señaló, antes de votar, que la resolución es “desequilibrada” porque puede “abrir la puerta a una intervención extranjera” de la que “tenemos ya experiencia en el pasado reciente”.
“Necesitamos el cese de todos los actos de violencia, de las masacres (…) por lo que se necesita detener la transferencia de armas y dinero a los grupos insurgentes”, añadió, y responsabilizó de esas prácticas a “Estados Unidos y sus aliados europeos”, que cuentan con “políticas dedicadas a cambiar regímenes” que se traducen su objetivo de “derrotar por la fuerza a gobiernos soberanos”.
El embajador de Venezuela, Jorge Valero, que también tachó la intervención, lamentó que el texto describa una “larga lista” de violaciones de derechos humanos “atribuidos al Gobierno de Siria”, pero “minimice u oculte los crímenes cometidos por los grupos terroristas y por la oposición armada”.
Para Caracas, la única “opción viable” es un diálogo político “sincero e inclusivo” en el que, según indicó, se niega a participar la oposición, a la que acusó de “practicar o apoyar” el terrorismo y que sobrevive “gracias al apoyo foráneo”.
El embajador boliviano, Rafael Archondo, reconoció que la resolución de la ONU “abre un camino equivocado” ya que su propósito “no es cesar la violencia sino derrocar al Gobierno de Damasco”.
El embajador de Ecuador, Diego Morejón, condenó “las graves violaciones de los derechos humanos” en Siria “independientemente de donde vengan”, y pidió consecuencias para sus autores y para quien provee “armas a todos los sectores (del conflicto), incluidos los grupos terroristas”.
Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero no pueden ser vetadas por ningún país.
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