Pocas acciones son tan universalmente detestables como el robo y la mentira. Desde el decálogo hebreo, en que Dios ordenaba el “no robarás” y el “no dirás falsos testimonios ni mentiras”, hasta las legislaciones seculares modernas, dichas conductas han sido consideradas intrínsecamente perversas y contrarias a la ley natural. Si a usted le han robado o mentido, fácilmente entenderá la razón. Y es que uno percibe, casi instintivamente, que ellas constituyen una afrenta o desprecio a la dignidad de la persona, y una gran injusticia.
Pues bien, el fraude electoral es esencialmente una combinación de robo y mentira: roba al pueblo los resultados de su elección, y miente al pueblo sobre los resultados de su voto. Por su malicia es también una de las prácticas políticas más dañinas: destruye la confianza pública, mina la legitimidad de las autoridades —ya que un gobierno producto del robo no puede exigir respeto ni acatamiento— vuelve inútil el diálogo y la discusión de ideas, y pone en peligro la paz.
Las elecciones aparecieron en la historia como resultado de reconocer el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes. Con todo y sus defectos o limitaciones, las elecciones han sido un gran avance histórico y social: han empoderado al ciudadano de la calle y han permitido la resolución de controversias y el cambio de gobernantes sin derramamientos de sangre. Las sociedades más felices y prósperas del planeta las practican. Quienes la rechazan, burlan o desprecian, son los verdaderos retrógrados o reaccionarios, ya que buscan regresar a los tiempos de los monarcas absolutos, sultanes o déspotas, aunque con frecuencia se presenten como abanderados de un pueblo cuya voluntad en el fondo desprecian.
El respeto a la libertad y limpieza electoral es un termómetro de la calidad moral de los gobernantes. ¿Podría proclamarse cristiano o ético quien oculta o adultera los resultados de una votación y viola el sagrado derecho del pueblo a escoger representantes? Quien roba merece el calificativo de ladrón y quien miente el de mentiroso.
La negación de la libertad de elección es un cáncer político que por su inmoralidad y consecuencias debería ser firmemente condenado por todas las sociedades y hombres y mujeres de buena voluntad. Sus practicantes deberían cosechar un gigantesco repudio, nacional e internacional. Si esto no ocurre, es porque se ha embotado la conciencia moral y porque reina un pragmatismo miope que no ve los daños que el fraude electoral causará a largo plazo. Por eso es alentador ver las acciones sacrificadas y valerosas de quienes han recurrido a huelgas de hambre, ayunos y protestas solitarias, reclamando decencia electoral y pidiendo árbitros que ni roben ni mientan.
La lucha que libran los nicaragüenses y organizaciones por esta causa es una de las más importantes batallas por su futuro nacional. Lo que está en juego no es solo el nombre de unos magistrados, sino las posibilidades de tener una sociedad donde podamos vivir como seres civilizados, capaces de disentir sin matarse, capaces de romper con el pasado trágico de un país que precisamente por no respetar las reglas del juego democrático, se ha hundido, ¡tantas veces!, en abismos de sangre y empobrecimiento.
Toda la sociedad nicaragüense, cámaras, juventudes, sindicatos, universidades, hombres y mujeres deben unir sus voces y manos exigiendo un poder electoral probo y confiable. Es una demanda inobjetable y noble que la pareja Ortega Murillo debe acoger por el bien del país y por el suyo propio. Y porque el cristianismo y solidaridad que proclaman son completamente incompatibles con el robo y la mentira, que son la esencia del fraude electoral.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación 1990-1998.
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