El 29 de julio es la fecha en que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, deberá recomendar al presidente Barack Obama que dé o no a Nicaragua la llamada dispensa o waiver de la propiedad.
El famoso waiver o dispensa de la propiedad está en vigencia desde 1994 cuando el ya fallecido senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata (también fallecido) Henry González propusieron reformar la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 y agregaron la sección 527 donde se especifica que ningún país puede recibir cooperación de Estados Unidos si mantiene propiedades confiscadas de ciudadanos estadounidenses.
Durante 17 años el presidente de turno de Estados Unidos ha accedido a la recomendación de su secretario de Estado de otorgar la dispensa a Nicaragua aunque aquí se mantienen propiedades confiscadas sin resolver. Esa dispensa la permite la ley siempre y cuando el presidente considere que es en beneficio de la seguridad nacional de los Estados Unidos otorgarla.
¿Por qué es diferente este año? Porque aunque ha habido progreso en la resolución de casos (64 según la Procuraduría General de la República), de acuerdo al espíritu y letra de la enmienda de Helms y González Nicaragua no califica porque todavía quedan pendientes de resolver cerca de 300 casos. Y la Ley dice que con un solo caso que exista el país no puede contar con la cooperación de Estados Unidos, ni su apoyo en los organismos financieros internacionales.
“Pero antes había más casos sin resolver y dieron el waiver”, podemos alegar. Pero es que “antes” la democracia estaba en un proceso —mal que bien— de consolidación en Nicaragua, entonces tanto el Departamento de Estado y la Casa Blanca fácilmente decidían que una Nicaragua democrática era beneficiosa para sus intereses.
“Ahora” lo que se está consolidando es una dictadura y esta dictadura ha ido ganando espacio no a través de los votos como en Venezuela, Ecuador o Bolivia sino a través de los fraudes electorales del 2008 y el 2011.
Entonces “ahora” bien podría ser que Estados Unidos no considere que es beneficioso para su interés nacional (el verdadero factor determinante en el waiver) seguir dando ayuda a Nicaragua ni aprobándole préstamos en el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Estados Unidos tiene un doble candado en este tema: primero aquí hay propiedades confiscadas y segundo aquí se está consolidando un régimen que no respeta los votos de su gente y que está hasta la coronilla en corrupción. Lo que Obama y Clinton van a determinar es si su interés nacional se beneficia más dando el waiver a un régimen autoritario, o no. Lo que debemos hacer entonces es presionar para que el Inconstitucional regrese a la senda de la democracia y la institucionalidad.
Él no va a ceder a eso solo porque se le pide, ya que si aquí se respetara el Estado de Derecho él no sería presidente, para comenzar.
Irónicamente, el Inconstitucional, usando la misma lógica de la seguridad nacional, confía en que Estados Unidos no va a dar un paso que significaría que Nicaragua perdería, solo del BID, unos 400 millones de dólares para los próximos cinco años.
Para tener una idea, en 2012 la cooperación para los programas del BID significan 85 millones de dólares, pero no solo eso se perdería sino que Nicaragua no tendría programa con el FMI y sin programa con el FMI la famosa inversión extranjera no vendría.
En el análisis de Ortega, para los intereses de EE. UU. es más beneficiosa una Nicaragua autoritaria, pero estable económicamente, que pasar por el proceso de agitación y debacle económica que lo forzaría a regresar a la senda democrática.
Lo que Obama y Clinton decidan que es del interés nacional de Estados Unidos lo sabremos el 29 de julio.
Hay que presionar para que el Inconstitucional regrese a la senda de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Él no va a ceder a eso solo porque se le pide ya que si aquí se respetara el Estado de Derecho él no sería presidente, para comenzar.
@GuayoPeriodista
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