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Asunción/AP/AFP
La débil democracia paraguaya nuevamente está a prueba tras la destitución del presidente Fernando Lugo siete días después de la muerte de 17 personas en un enfrentamiento armado entre policías y campesinos sin tierra, que fueron desalojados de una reserva forestal.
La revuelta se convirtió en un tinglado político que desembocó en la acusación formal porque las tensiones, que venían creciendo entre el mandatario y sus antiguos aliados políticos, finalmente explotaron. “Los choques del viernes (pasado) por los conflictos de tierras fueron un catalizador”, manifestó Grant Hurst, analista de la consultora IHS en Londres.
El exobispo, adepto de la Teología de la Liberación, se rodeó de colaboradores de izquierda, representantes de una veintena de partidos y movimientos políticos y sociales. Aseguró que su gobierno no caería en la polarización ideológica y no se identificó con ninguna corriente de la izquierda latinoamericana.
“Lugo ha sido un presidente políticamente débil desde el comienzo de su mandato”, aseguró Michael Shifter del Diálogo Interamericano. “Fue el primer presidente paraguayo en más de seis décadas que no era del Partido Colorado (…)”.
“La oposición simplemente no estaba de acuerdo con las políticas de Lugo y no aprobó la forma en que gobernó”, agregó Shifter. “Como resultado de ello, la oposición manipuló el sistema, adhiriéndose a la letra de la ley pero apartándose del principio democrático. En este caso, es difícil discutir con quienes argumentan que la voluntad del pueblo que eligió a Lugo no está siendo respetada. Es difícil ver las acusaciones dirigidas contra él no sean más que un pretexto para la eliminación de un presidente impopular. Si los presidentes fueron derrocados por las razones citadas, habría pocos presidentes latinoamericanos que se queden en la presidencia”.
La primera decisión que no gustó a sus antiguos aliados fue haberles dado una escasa participación en su primer gabinete ministerial al Partido Liberal Radical y a la Alianza Patriótica. La tensión siguió creciendo al no incluirlos en las tomas de decisiones importantes.
El gobierno de Lugo tuvo una agenda de izquierda que tampoco gustaba a sus antiguos aliados. Desde que asumió el gobierno, organizaciones de campesinos sin tierra invadieron grandes fincas ganaderas o de soja, de propiedad de paraguayos o extranjeros, para forzar una expropiación que Lugo dijo que pagaría. Pero del presupuesto paraguayo no hubo recursos para pagar las indemnizaciones.
Sobre Lugo también pende la espada de Damócles de haber pedido al senado que archivara un proyecto de ley que buscaba una adición de 50 millones de dólares al lánguido presupuesto nacional para que las autoridades electorales pudieran contratar a unos 10,000 funcionarios encargados de inscribir a nuevos votantes y para pagarle a los jurados el día de las elecciones.
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