Gran unidad para defender la libertad

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) está pidiendo al presidente inconstitucional Daniel Ortega que vete el proyecto de ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aprobado por la aplanadora del FSLN en la Asamblea Nacional, la semana pasada, sin respetar en este caso el consenso acordado con el sector empresarial ni tomar en cuenta las mociones de la oposición.

El veto que demanda el Cosep no es a toda la ley de la UAF, solo a dos artículos, el 4 y el 9, mediante los cuales se amenazan los derechos y las libertades individuales de las personas a pesar de que son garantizados por la Constitución Política de la República. Además, en el caso de que Ortega no vete los artículos cuestionados, el Cosep y cada una de las cámaras empresariales que lo integran recurrirán de amparo por inconstitucionalidad de la ley, según lo informó el presidente de esa cúpula empresarial.

Pero también los otros organismos empresariales, que son Amcham y Asobanp (la asociación de bancos privados), así como la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil que promueven ciudadanía y defienden la democracia, deben impugnar los artículos de tipo totalitario que fueron incluidos en ese proyecto de ley por los diputados del FSLN. Si Ortega no veta los artículos del proyecto de ley de la UAF que son cuestionados, debería caer sobre el poder judicial una lluvia de recursos por inconstitucionalidad, procedentes de los empresarios privados, de la oposición política y la sociedad civil, independientemente de la poca confianza o más bien dicho de la desconfianza que la justicia institucional inspira actualmente. Lo fundamental es dar la pelea por la defensa de los derechos constitucionales.

Mucho se habla de que los demócratas y las organizaciones sociales y políticas democráticos de Nicaragua no se unen en la defensa de sus intereses comunes y de la libertad y la democracia, mientras el proyecto dictatorial avanza y se consolida incluso haciendo consensos parciales y coyunturales con algunos sectores democráticos. Pero ahora, en el caso de la UAF, el mismo orteguismo por su ceguera de poder está compeliendo a los demócratas de todos los sectores sociales y políticos a unirse en la defensa de las libertades individuales y los derechos constitucionales comunes, amenazados por el régimen de vocación dictatorial a través de instrumentos jurídicos como la ley de la UAF.

La verdad es que los empresarios privados independientes no son orteguistas, aunque algunos para sobrevivir y poder hacer negocios tengan que entenderse con el Gobierno y consensuar las políticas económicas y sociales. Por su propia naturaleza la empresa privada es democrática y por lo tanto potencial aliada de las fuerzas políticas y sociales de la democracia y pueden unirse de hecho para realizar grandes acciones.

“No podemos los nicaragüenses perder esta oportunidad de juntarnos para hacer una causa común contra lo que nos daña a todos, no solo individualmente considerados, sino en función de comunidad”, escribió el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en un editorial publicado en mayo de 1966. Eso fue en la época del régimen somocista, pero es válido también ahora, en tiempos del régimen orteguista.

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