El 5 de febrero de este año el presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó la propuesta de construir un Canal interoceánico por Nicaragua, complementario al de Panamá.
Pero Ortega no dio a conocer esa propuesta tan importante en Nicaragua y como un plan nicaragüense, como era lo lógico y normal, sino que la presentó como un proyecto del Alba en Caracas, Venezuela, donde se estaba realizando una cumbre de esa alianza estratégica de gobiernos izquierdistas que lidera Hugo Chávez. Ortega propuso en aquella ocasión “un Canal que pueda contar con el respaldo, con la participación, en primer lugar, de los países latinoamericanos y caribeños, de los países del Alba, y buscar también, lógicamente, la inversión de países como la República Popular China, Brasil, con los cuales Nicaragua ha compartido, en diferentes momentos, el Proyecto del Canal de Nicaragua”.
Antes de que Ortega se apropiara de la propuesta de un Canal interoceánico por Nicaragua, el plan había sido presentado nacional e internacionalmente por grupos de empresarios, profesionales y diplomáticos que invirtieron bastante tiempo y cuantiosos recursos en el estudio y promoción de ese ambicioso proyecto. El presidente democrático Enrique Bolaños le concedió especial importancia a los estudios del proyecto canalero y lo dejó sustentado en su Biblioteca Virtual. Incluso quedó listo un proyecto de ley para la construcción del Canal por Nicaragua, a fin de que los gobiernos siguientes lo aprovecharan en el caso de que tuviesen interés en promover una obra de semejante envergadura.
Ahora que Ortega se ha apropiado de este proyecto de interés nacional, la opinión pública nicaragüense lo ve por una parte con buenos ojos pero también con escepticismo y la desconfianza que inspira necesariamente un régimen autoritario como el de Daniel Ortega, cuyas amistades y alianzas internacionales son turbias y sospechosas. En realidad, para que el proyecto canalero pueda ser viable hay que comenzar por manejarlo con absoluta transparencia, fundarlo en un sistema de derecho que inspire confianza nacional e internacional y seduzca a los grandes inversores que serán necesarios. Además el proyecto canalero debe ser respetuoso de las leyes y los tratados internacionales que sean pertinentes y sobre todo ser avalado democráticamente por la población mediante una amplia consulta popular. Y tendrían que participar en su financiamiento y control internacional no solo los gobiernos del Alba y algunos afines a ellos, sino también otros países que disponen de recursos y podrían tener interés de involucrarse en este gran negocio, como Estados Unidos de Norteamérica, Europa y el Japón.
El proyecto canalero es de tan grande interés nacional que trasciende a cualquier gobierno. Por eso debe ser impulsado de manera que pueda ser continuado y desarrollado por los posteriores gobiernos democráticos que sucederán inevitablemente al régimen orteguista.
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