Josué Bravo
CORRESPONSAL / COSTA RICA
La comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Publico inicia desde hoy a interpelar a funcionarios públicos y privados, por supuestas irregularidades cometidas en la construcción de la vía fronteriza paralela al río San Juan.
La primera que comparecerá ante los diputados, a partir de las nueve de la mañana, es la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, aunque también participará en calidad de asesor, el presidente ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Olman Vargas; uno de los críticos de la obra por la falta de planos para su construcción.
La CNE y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), son los entes públicos responsables de la construcción de esta vía que provoca daños al ambiente, por la cual Costa Rica ha invertido unos 40 millones de dólares incluyendo caminos aledaños.
Las personas citadas a comparecer, según el diputado Social Cristiano Wálter Céspedes, miembro de la comisión; “va desde la Junta Directiva de la CNE, el Conavi, los ingenieros, (Francisco Jiménez) el ex ministro del Mopt (Ministerio de Obras Públicas y Transporte), hasta llegar y concluir con todos los representantes legales de las 35 empresas (constructoras)”.
“Dentro de las investigaciones que ha levado a cabo mi oficina, hemos sido muy cuidadosos y hemos estado documentando todas las acciones de las personas y de las empresas, los decretos y de la forma en cómo se inició, quienes tomaron las decisiones de construir esta carretera, todo lo que paso”, indicó el legislador.
Por su parte, la mandataria Laura Chinchilla, sin mencionar nombres, criticó a quienes quieren frenar la construcción de la carretera por sus impactos ambientales.
El abogado ambientalistas, Álvaro Sagot, uno de los ganadores de la demanda contra la minería Crucitas, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta contra el decreto ejecutivo de emergencia que avaló esta vía.
Para criticar, Chinchilla usó frases como “los de siempre”, para nombrar a los ambientalistas.
Y por si fuera poco, a la lluvia de críticas se sumó la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, quien dijo que “el gobierno debería analizar cómo va a vigilar la trocha (carretera) en la zona norte”.
Al cuestionar la capacidad del Estado para mantener la vigilacia, dice que la vía se presta para ilícitos como contrabando de animales y productos, así como el traslado de nicaragüenses en condición migratoria irregular.
