Guillermo E. Miranda
El asesinato del cantautor Facundo Cabral, crimen que en su momento estremeciera al mundo, se ha convertido en un escándalo político de predicciones todavía reservadas en Nicaragua.
Todo por el involucramiento del nicaragüense Enrique Fariñas con el autor intelectual de dicho atentado. Si algo ha quedado claro en este narcoescándalo es que ya el narcotráfico permeó las estructuras de poder de nuestra nación.
El poder judicial, la Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral son estructuras del Estado que se han visto altamente involucradas en este narcoescándalo. El que estas instituciones estén siendo administradas por funcionarios que actúan de facto, gracias a un decreto cuestionado emitido por un también cuestionado presidente, los convierte en sujetos cuya actuación es de la exclusiva responsabilidad de su mentor.
El pasado 30 de mayo la periodista Lucía Pineda Ubau colgó una nota en Facebook que tituló: No queremos narcoelecciones; según algunos cibernautas amigos, dicha nota le dio la vuelta al mundo dos veces en tan solo cuatro horas.
En su parte medular decía lo siguiente: Estamos en un punto muy delicado al extremo de que los narcos y sus estructuras ceduladas pueden hasta poner alcaldes, concejales, diputados y presidentes porque andan cédulas de identidad nicaragüenses.
En este caso hubo omisión a todas luces y la Policía Nacional está obligada a investigar si hubo también acción de otros funcionarios electorales, el señor Roberto Rivas le falló a Nicaragua, a los ciudadanos y también al presidente de la República, Daniel Ortega, quien emitió un decreto para dejar en sus cargos a los funcionarios con cargos vencidos.
Cierro cita. Si Ortega no quiere que a su administración por demás cuestionada se le agregue el calificativo de narcogobierno, convirtiéndonos de hecho en un narcoestado, está obligado a exigirle a su policía una investigación a fondo que arroje resultados creíbles. De lo contrario podrá irse despidiendo de los waivers que tanto preocupan a los banqueros y a la iniciativa privada, de préstamos o de cualquier otro aporte de la comunidad internacional, ya que ningún país que respete a sus contribuyentes querrá apoyar a un gobierno que protege a funcionarios corruptos como los actuales.
A la fecha sabemos que el costo por cédula para convertir a un narco en nicaragüense es de 1,500 dólares, pregunto; cuántas cédulas hay que vender para comprarse un avión, o dos aviones y mansiones en la playa y casas en el extranjero. Por ello considero que el clamor de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y del pueblo en general, está más que justificado.
El señor Ortega amparándose en el control que tiene en todos los poderes del Estado, bien puede hacerse el sordo e ignorar estos cuestionamientos y lo más seguro es que a lo inmediato no suceda nada. Hasta pudiera darse el lujo de hacer elecciones con sus partidos zancudos, imponiéndonos de esta manera a sus alcaldes y concejales, o instruir a su Asamblea Nacional para que elijan a otros magistrados iguales o peores a los actuales.
Cualquiera de estas opciones solo ratificaría aquella sabia sentencia que dice: Dios confunde a quien quiere perder. Por lo pronto la decisión sobre qué hacer con los narcomagistrados la tiene Ortega, sobre qué hacer con su gobierno en el futuro, esa será del pueblo.
El autor fue comandante de la Resistencia Nicaragüense y actualmente es miembro del PLI.
